En el documento de 132 páginas, que ha contado con el apoyo de 364 entidades de toda España, se incluye además una amplia sección de enmiendas lingüísticas para eliminar el lenguaje cosificador y sexista del texto del borrador de la ley. Desde “Unión por los Animales” consideran fundamental eliminar del lenguaje jurídico los términos cosificadores en relación a los animales, en sintonía con la consideración de éstos como seres sintientes, y el lenguaje sexista como marca la normativa vigente en materia de lucha contra la discriminación.
Las más de 70 alegaciones presentadas están orientadas a que la ley garantice una serie de aspectos que las entidades de defensa de los animales consideran indispensables, como la protección integral de los animales vinculados a actividades humanas, el cuidado de los gatos comunitarios, independientemente del lugar en donde habiten, mediante gestión ética y aplicación del método CER o la gestión ética de aquellas especies que queden excluidas del listado positivo.
Además, desde el colectivo animalista consideran indispensable que la ley recoja claramente una definición de los parámetros de tenencia responsable de animales en todo su ámbito. Conseguir una redacción clara y no abierta a interpretaciones, que permita una aplicación correcta de los preceptos recogidos en la ley, y una adecuada utilización de la misma en procesos judiciales, administrativos u otro tipo de acciones orientadas a proteger a los animales y sancionar a quien la infrinja, es para “Unión por los Animales” un requisito mínimo que el actual borrador no cumple.
Otro aspecto que resaltan desde el colectivo es que se ha de garantizar que aquellos aspectos regulados adecuadamente en las legislaciones autonómicas no se vean impactados negativamente por lo establecido en la ley nacional y que ésta los recoja para su aplicación general.
Una parte muy importante de las alegaciones presentadas hacen referencia a la inclusión del profesional veterinario como garante del correcto cumplimiento de la norma en materias clave como la esterilización, eutanasia, la supervisión veterinaria de las colonias felinas, la trazabilidad de los animales o el peritaje en casos de maltrato, entre otros aspectos. Las entidades de protección animal y su representación en el Consejo Estatal de Protección Animal.
Desde “Unión por los Animales” consideran indispensable también que las entidades de defensa de los animales tengan representación en el Consejo Estatal de Protección Animal, algo que no se contempla en el actual borrador sometido a consulta pública. “La defensa animal es un movimiento social eminentemente asociativo, no de individualidades”, afirman desde la coalición.
Desde el colectivo animalista señalan que el sector de la protección animal está formado por miles de entidades que a su vez representan a millones de personas de la sociedad civil como socios o voluntarios de protectoras, cuidadoras de colonias felinas, santuarios, etc. que piden al Gobierno de España que cumpla con su compromiso de avanzar en la protección y defensa de los animales.
“Nosotros también votamos”, recuerdan, ante las presiones del sector cinegético al Gobierno y partidos de la oposición. “Nuestro sector tiene un impacto real en la actividad económica, generamos valor”, afirman con contundencia desde “Unión por los Animales”.
Cabe destacar que, como parte del tercer sector, el formado por entidades sin ánimo de lucro y catalogado según la International Classification of Non-profit Organizations (ICNPO), la protección animal aparece expresamente en un epígrafe que recoge los servicios de protección y bienestar animal, incluyendo los refugios para animales y sociedades humanitarias. Además, comprende también la preservación y protección de la vida silvestre, incluyendo santuarios y servicios veterinarios. Este sistema de clasificación es el recomendado en el Manual de las Naciones Unidas sobre las instituciones sin fines de lucro en el sistema de cuentas nacionales.
Las entidades de protección y defensa de los animales no solo son relevantes socialmente hablando, sino también desde el punto de vista económico. Las tareas de recogida, rescate, cuidado, gastos veterinarios, fomento de la adopción, etc. suponen un elevado coste que es sufragado, en un porcentaje muy alto y de manera propia, por particulares y entidades. En este sentido, hay que tener en cuenta que la relevancia de las personas particulares implicadas en estas tareas es mayor que en ningún otro sector, siendo incalculable el número de personas que de manera anónima dedican su tiempo y dinero a la atención directa de los animales o de manera indirecta como socios de entidades de protección animal. Partiendo de la naturaleza de sus aportaciones, es fácil deducir el importante papel que desempeñan por cuanto, al igual que otras entidades de ayuda social, llegan a donde el Estado no llega supliendo sus insuficiencias y carencias en beneficio de la sociedad.