La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias quiere aclarar a la población del municipio de Pájara la situación en la que se encuentra la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria en la zona de La Lajita antes de que termine la presente Legislatura, por lo que solicita al Ayuntamiento que tome las decisiones necesarias para poder aclarar la situación actual y dé respuesta a la carta remitida personalmente por la consejera del área al alcalde el pasado 16 de enero.
Desde el mes de abril de 2018, se requirió al Ayuntamiento a pronunciarse sobre la responsabilidad patrimonial en el caso de que la situación de litigio sobre la propiedad del suelo planteada por un particular fuese contraria a los intereses de las administraciones públicas. La finalidad del Gobierno de Canarias era la de aclarar este extremo, para poder continuar con el expediente.
Sin embargo, ante una cercana resolución del conflicto judicial planteado, el Ayuntamiento instó a la Consejería a esperar el desenlace, que presumiblemente podría darse en septiembre. Ese fue el acuerdo alcanzado y así se informó a las familias de los centros de Educación Infantil y Primaria La Lajita y Costa Calma por parte del propio alcalde y de la consejera del área en el Gobierno, Soledad Monzón, el 18 de mayo de ese mismo año. Una reunión en la que las familias insistieron a los representantes institucionales en que la planificación para la construcción del nuevo centro educativo y su ubicación debían quedar completamente definidas antes de que terminase la Legislatura, con vistas a que se pudiese desarrollar rápidamente al comienzo de la siguiente.
Ocho meses después, cuando ya debería haber una sentencia judicial, la consejera reiteró personalmente al alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, la solicitud del Gobierno para que se aclare la situación del suelo y que el Ayuntamiento, como entidad propietaria del mismo y administración que lo cedió para construir un instituto, asuma que afrontaría la responsabilidad patrimonial en el caso de que fuese necesario indemnizar a quien ha reclamado por vía judicial la propiedad de los terrenos.