El PP de Fuerteventura quiere hacer constar que:
Que el PP no tiene nada que ver con el medio de difusión digital contra el que pretende querellarse el Cabildo de Fuerteventura
Que Domingo Pérez, pese a ser el administrador de dicha empresa, no es el autor intelectual, ni el que escribe, ni el que firma la noticia y, por tanto, ni el PP ni el propio consejero alientan este tipo de informaciones como sugiere el Cabildo de Fuerteventura en su nota de prensa al vincular la información del medio con el PP.
Que atacar a los administradores de una empresa por el contenido de un medio es un absurdo en el mundo periodístico. Es como si el periodista escribe y firma un bulo y el presidente va a querellarse contra la junta de accionistas de la empresa. Su única pretensión es difamar gratuitamente al PP y a Domingo Pérez, una vez más. De hecho, Fuerteventura ha abierto hoy todos los informativos y matinales nacionales así como medios de difusión digitales nacionales como uno de los tres lugares de España más afectados por un nuevo foco de rebrote COVID19. Nos preguntamos si el presidente se va a querellar también contra todos los accionistas de los conglomerados de los medios nacionales y si va a relatar la afiliación política de todos estos administradores o solo se va a preocupar de esta empresa, desviando el foco hacia el PP, para tapar así el problema que ahora tiene el presidente Blas Acosta al haber asumido la gestión de la crisis migratoria en Fuerteventura.
Que este martes, en el turno de ruegos y preguntas de la Comisión de Asuntos resolutorios, la consejera Jessica de León rogó que el Cabildo saliera a rectificar tales afirmaciones por ir en contra del interés general de todos los majoreros y por poner en riesgo la recuperación del turismo en Fuerteventura. La consejera pedirá el acta de la comisión en el que se debe reflejar tal solicitud.
Que no vamos a seguir tolerando que el presidente del Cabildo de Fuerteventura y el director insular de la AGE llamen racistas a los majoreros y a la oposición mientras se niegan a reconocer que tenemos un grave problema migratorio agravado por el número de personas contagiadas por Covid19 que llegan a la isla.
La salida fácil es confundir la preocupación de los majoreros, tras tres meses de duro confinamiento, con racismo y no vamos a tolerar más difamaciones, ni insinuaciones e insultos ni a la oposición ni a la sociedad majorera que siempre ha sido un pueblo ejemplar y solidario, nieto e hijos de migrantes que, durante estos meses, ha llevado ropa, comida, calzado para auxiliar a los inmigrantes cuando lo han requerido las ONGs. Una factura que debió pagar el Gobierno de España y no nuestra solidaridad.
Que el PP comparte la necesidad del Cabildo de salir a desmentir los bulos que amenacen el futuro y la recuperación de la isla de Fuerteventura y las familias y empresas de todos los sectores productivos. ESTE Y TODOS pero también la imperiosa necesidad de exigir una solución por parte del Gobierno de España a la crisis migratoria.
Porque es precisamente la dejadez del Gobierno de España a Fuerteventura la que ha provocado la actual situación y, por eso, no compartimos en absoluto que el Cabildo de Fuerteventura haya decidido hacerse responsable de una competencia que es íntegramente del Gobierno de España para tapar la nula gestión de Pedro Sánchez y el abandono a Fuerteventura. Como ya dijéramos, si el presidente Blas Acosta se hace con las competencias, asumirá también las responsabilidades.
Que lo que de verdad alienta el racismo y la xenofobia es la falta de información a la población, la improvisación del Gobierno de España, la nefasta gestión de esta crisis, la decisión de alojar a personas contagiadas de nave en nave y la falta de medidas de control en origen que frenen la llegada de estas embarcaciones a la isla. Es decir, quien de verdad alienta el racismo es quien con absoluta incompetencia gestiona esta grave crisis migratoria generando inseguridad en la población majorera.
Que además exigimos para la Policía Nacional y personal de custodia de los migrantes, los test que no les han hecho en tres semanas desde que se detectara el primer contagio, formación sobre protocolos anticovid19 y cursos de uso de EPIS porque es responsabilidad y competencia del Estado velar por su seguridad y la de sus familias.
Finalmente, lamentamos que el presidente aproveche el parentesco de nuestro consejero y la vinculación a las empresas de su familia para difamar, para dejar entrever que alentamos comportamientos racistas y xenófobos solo por las guerras personales que el señor Acosta mantiene con la familia Pérez, por todos los majoreros conocidas.
Lo exigimos en el último pleno y lo volveremos a pedir: RESPETE SEÑOR BLAS ACOSTA.