La propuesta consiste, en síntesis, en la creación de un registro de terrenos con la finalidad de que todos los propietarios de terrenos abandonados, baldíos, en desuso, heredados o con árboles en estado de abandono por no poder cuidarlos o por otras causas, comuniquen a la Administración insular su interés de considerar la incorporación de esas tierras a los proyectos de reforestación, mantenimiento y creación de nuevos campos agrícolas o arbolados de frutales u otros cultivos, promovidos desde las Consejerías de Agricultura, ganadería y Pesca y de Medioambiente y Sostenibilidad Medioambiental en el marco de sus proyectos de lucha contra el cambio climático, la desertización, la despoblación rural y el fomento del empleo verde.
La moción que presenta el Grupo Socialista al próximo Pleno de la Corporación Insular incide sobre aspectos claves que afectan a nuestra Isla con el doble objetivo de evitar el abandono de la tierra agraria y de ponerla a disposición de todas aquellas personas que necesiten disponer de esos terrenos para usos agrícolas. El Cabildo Insular actuaría como garante ante los propietarios de suelos e incentivaría su aprovechamiento para los usos adecuados.
Las tierras en abandono son un agujero económico para sus titulares, así como una importante causa de erosión del territorio, por lo que la creación de un banco de tierras no solo aumenta las oportunidades de trabajo y negocio relacionados con el sector agrario, sino que también supone gestionar de forma sostenible el territorio, fijar y dar oportunidades a la población local y luchar contra el cambio climático.
El banco de tierras podría convertirse en una herramienta muy adecuada para potenciar la figura del agricultor como emprendedor y propiciar el relevo generacional en el sector, de modo que los beneficios del establecimiento de esta fórmula innovadora impulsada desde el Cabildo Insular puede contribuir al desarrollo socioeconómico rural y la protección medioambiental. Entre las diferentes zonas consideradas idóneas para el desarrollo de esta iniciativa destaca el entorno de Tesejerague, en el municipio de Tuineje,
La potenciación de la economía verde es uno de los grandes retos que tiene por delante las administraciones públicas como mecanismo para poner en valor los recursos naturales, fomentar su aprovechamiento sostenible y ofrecer nuevas vías de negocio que permita a las empresas ser más competitivas conservando la biodiversidad.
A falta de una definición internacionalmente admitida, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha adoptado una que la convierte en un concepto lo bastante amplio y flexible para englobar distintos enfoques nacionales y locales: “La economía verde es una economía que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. A nivel práctico, se puede considerar que, en una economía verde, el aumento de los ingresos y la creación de empleo se deben a la inversión pública y privada que permite un mejor uso de los recursos, una disminución de las emisiones de carbono, de los residuos y de la contaminación, y la prevención de la pérdida de biodiversidad y del deterioro de los ecosistemas. Estas inversiones, a su vez, son posibles gracias al aumento de la demanda de productos y servicios que respetan el medio ambiente, a la innovación tecnológica y, muy a menudo, a las medidas fiscales y sectoriales correctoras adoptadas para garantizar que los precios reflejen correctamente los costes medioambientales”.
En este contexto, la necesidad de implementar soluciones innovadoras que permitan mejorar la situación socioeconómica y garanticen la conservación del medio natural obliga a impulsar iniciativas desde el conjunto de las administraciones públicas y, por ende, también desde este Cabildo. Y entre esas medidas, el establecimiento de banco de tierras en Fuerteventura se presenta como una oportunidad para la generación de riqueza ligada a la conservación de nuestros ecosistemas.