La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto al exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, de los delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y coacciones tras ser acusado de haberse atrincherado en la Alcaldía a pesar de encontrarse inhabilitado para ocupar el cargo.
La Fiscalía había solicitado en la vista oral, celebrada el pasado 5 de febrero en los nuevos Juzgados de Puerto del Rosario, en la barriada Majada Marcial, la pena de cuatro años de prisión, tres por el delito de usurpación y uno adicional por coacciones. La fiscal Clara Serrano interesó también que en caso que los magistrados no apreciaran delito de usurpación se le condenara por un delito de prevaricación, con inhabilitación para el desempeño de cargo público por un periodo de 12 años.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, compuesta por José Luis Goizueta, que actuó de presidente durante la vista oral, Pilar Verástegui y Nicolás Acosta, notificó ayer a las partes la sentencia que absuelven al veterano político al considerar que no quedó acreditado que estuviera asumiendo las funciones de alcalde de forma irregular dado que el oficio de la Delegación del Gobierno no cesaba a Arroyo y sólo requirió al Ayuntamiento para que en el plazo de diez días convocara un pleno. «Este oficio creaba muchas dudas y esa fue nuestra línea de defensa, entre otras cuestiones», señaló, ayer, Pedro Padilla García abogado defensor de González Arroyo.
Para los magistrados tampoco queda acreditado que Arroyo ordenara el cambio de cerradura en el Ayuntamiento para evitar que se celebrara un pleno para el nombramiento de Pedro Amador como alcalde y del nuevo concejal, Rafael Benitez.
Para el abogado defensor de Arroyo «hasta el 17 de diciembre todos aceptaban como alcalde en funciones a mi representado e incluso así lo atestigua un informe del Secretaría del Cabildo que asesoraba en este asunto al Ayuntamiento de La Oliva.
La denuncia contra González Arroyo partió de Álvaro de Astica, entonces portavoz de Votemos en el Consistorio al considerar que la inhabilitación del exalcalde mediante una sentencia producida en junio de 2015, a los pocos días de la toma de posesión como nuevo regidor. También, el que fuera alcalde de La Oliva, Pedro Amador, presentó una denuncia contra Arroyo.
El veterano político fue inhabilitado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife de Lanzarote con sede en Puerto del Rosario por un delito continuado de prevaricación al haber permitido el funcionamiento durante años de una cantera en la zona denominada Lomo del Pájaro. Dicha sentencia se encuentra, cuatro años después de producirse, recurrida en el Supremo.
Sin embargo, Arroyo no comunicó la sentencia al Consistorio y tuvieron que pasar cinco para que se celebrara un pleno solicitado por la oposición para dar cuenta de la sentencia condenatoria. Tras comunicar este hecho a la Junta Electoral, esta institución emitió la credencial del nuevo concejal que sustituiría al alcalde condenado. Sin embargo, González Arroyo continúo con su labor de alcalde hasta que fue desalojado por la Policía Local. Arroyo también ha sido absuelto de los llamados caso Clavellinas, Baku y, ahora, del atrincheramiento en la Alcaldía.