El Parlamento de Canarias acogió este jueves una nueva sesión de la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, en la que intervino la diputada del Grupo Nacionalista Canario (CCa), Jana González Alonso, para exigir que se garantice el derecho de las mujeres a recibir una atención adecuada en los juzgados de todas las Islas Canarias.

Durante su intervención, la diputada puso de manifiesto la falta de espacio que está perjudicando seriamente los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, especialmente en Santa Cruz de Tenerife, cuya situación es tan grave que no permite que se trate con dignidad a las víctimas de los delitos.

Este hecho provoca situaciones perjudiciales para las mujeres “como prestar declaración en la mesa contigua a su presunto agresor, y con ello, se le arrebata su derecho a la intimidad”. Estas circunstancias conllevan a la revictimización de las mujeres, al tener que atravesar un proceso legal con un sufrimiento adicional derivado de la ineficacia en la respuesta de las instituciones. Esto puede propiciar “un segundo golpe para la víctima, donde la respuesta del sistema puede ser inadecuada o incluso dañina”, aseguró la diputada.

Jana González se mostró especialmente preocupada por esta cuestión, y destacó que es de vital importancia dar una atención adecuada a las víctimas de delitos contra las mujeres, ya sea violencia de género o delitos contra la libertad sexual. “Este puede ser el elemento determinante para que las mujeres sigan adelante en la búsqueda de justicia o decidan retirar la denuncia”, aseveró.

Para la diputada, dicha problemática se sustrae de los retrasos en la creación de

infraestructuras judiciales que arrastra Canarias debido a “la falta de planificación y de capacidad resolutiva de la acción política” durante la legislatura anterior.

Según determinó la diputada, se debe trabajar en el desarrollo de infraestructuras adecuadas para que esta realidad no se traslade al resto de islas y, sobre todo, para garantizar que a las mujeres víctimas de agresiones o violencia, se les de la atención que requieren conforme a sus derechos, poniendo especial atención en la preservación de su intimidad y evitar su revictimización.

En este sentido, Jana González se refirió al Palacio de Justicia de Fuerteventura, señalando que, aunque en la pasada legislatura existía una sentencia que impedía el uso del suelo seleccionado, no se modificaron los presupuestos autonómicos para solventar esa situación. Como resultado, la obra nunca se ejecutó ni se impulsó ningún trámite de gestión para hacer viable ese terreno.