«Para nosotros es prioritario garantizar la seguridad de las personas en las zonas del litoral y es por ello que hemos querido adecuar de manera efectiva los recursos disponibles para cumplir con la normativa vigente.
Armas recordó que estas exigencias están recogidas en los anexos del Decreto 116/2018, de 30 de julio, por el que se regulan las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de Canarias. Estos anexos fueron modificados para flexibilizar determinados criterios e incidir en los planes de seguridad y salvamento de playas y otras zonas de baño marítimas.
Entre los cambios más importantes introducidos están la posibilidad de que los municipios compartan recursos humanos y móviles en las labores de vigilancia y salvamento; se regula el perfil del técnico redactor que elabore los planes de salvamento y se reafirma que las banderas a utilizar para indicar los diferentes niveles de riesgo sean de color rojo, amarillo y verde.
Dunia Álvaro hizo hincapié en la importancia de colaborar de manera eficiente entre los municipios que disponen de recursos para poder prestar un mejor servicio en materia de seguridad, «garantizando así que se mantenga la calidad de nuestras playas únicas, que sin duda son uno de nuestros mayores atractivos y que suponen un reclamo turístico por el que debemos seguir trabajando».