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El Estado aprueba la petición del Gobierno de Canarias para aplazar hasta finales de 2024 la obligación de pasar la revisión de frío para el transporte frigorífico en el Archipiélago

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Orden ICT/473/2023 por la que se aplaza hasta finales de 2024 la obligación de someterse a la revisión de frío a todos los vehículos que transportan material refrigerado en el Archipiélago, tal y como solicitó el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a finales del pasado año. Con esta publicación en el BOE de hoy el Gobierno de España aprueba esta solicitud del Ejecutivo canario para eximir a los vehículos refrigerados matriculados en las islas de pasar control técnico hasta el 31 de diciembre de 2024 al carecer el Archipiélago en la actualidad de una estación de ensayo especializada en túneles de frío.

Esta excepción a la norma general ha sido solicitada por La Consejería de Transportes canaria en consideración a que en el archipiélago no existen actualmente estaciones de ensayo con túneles de frío, lo que obliga a los transportistas de las islas a desplazarse hasta la península a pasar esas revisiones, con el consiguiente coste económico. Como explicó el consejero Franquis cuando se reunió con el director general de Industria del Gobierno de España, Galo Gutiérrez, el aplazamiento de esta aplicación de la norma en Canarias se solicitó en base a que la Consejería tiene conocimiento de que ya hay varias empresas interesadas en instalar una de estas estaciones de ensayo en territorio canario y que estarían en funcionamiento en el plazo de un año.

Con esta ratificación vía Boletín Oficial del Estado por parte del Ministerio de Industria, el consejero Franquis cumple con una de las peticiones que le trasladó la Federación de Empresarios del Transporte (FET) en Canarias, con los que se comprometió a presentar ante el Gobierno de España esta solicitud de los profesionales canarios del sector.

Según los datos suministrados por los propios transportistas a la Consejería, al existir estas instalaciones solo en península, el traslado del vehículo hasta allí, y la inspección, puede significar un coste medio de entre 8.000 y 10.000 euros.

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