El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó este viernes, día 30 de julio, las bases definitivas de la convocatoria de ayudas a autónomos y pymes, por la que se destinan más de 11 millones de euros a consolidar y mantener el tejido productivo insular. Las subvenciones se dirigen a financiar gastos de funcionamiento con ayudas de hasta 6.000 euros para los autónomos, 20.000 euros para microempresas y pequeñas empresas, y un máximo de 30.000 euros para medianas empresas.
El impacto negativo de la situación actual ha golpeado a los comercios insulares, que cada vez tienen más difícil poder hacer frente a gastos mínimos de funcionamiento y mantenimiento de personal, lo que supone en muchos casos incluso el cierre definitivo de muchos establecimientos.
Con el objetivo de cumplir eficazmente con la revitalización del sector, se atenderá a cada caso particular teniendo en cuenta criterios como el volumen de pérdidas soportadas y el número de personas trabajadoras en plantilla. La intención es adecuarse a la situación específica de cada solicitante, siguiendo en todo momento el principio de proporcionalidad y la eficiencia en la asignación de los recursos, conforme a lo establecido en la Ley General de Subvenciones.
Entre la gran variedad de gastos a subvencionar, se cubre también el esfuerzo efectuado para adaptar su actividad al cumplimiento de las medidas sanitarias por la Covid-19 (gel hidroalcohólico, mamparas, mascarillas…)
Para el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, ‘lo importante es que esos 11 millones de euros lleguen cuanto antes a autónomos y pymes, en un año especialmente difícil, para que repercuta en beneficio de las familias de nuestra isla’.
Según la consejera de Promoción Económica, Lola García, ‘desde que llegamos al Cabildo nos hemos preocupado por autónomos y pymes, porque conocemos la realidad de Fuerteventura. Las ayudas se extienden, además, a medianas empresas, esperando que este dinero llegue pronto a quienes más lo necesitan’. García agradeció la labor del personal técnico, cuyo esfuerzo ha permitido tener aprobadas hoy las bases de las ayudas.
Unas bases que tienen en cuenta además el cumplimiento de criterios de sostenibilidad. Dentro de este apartado se reconocen aspectos como la contratación de personas en situación de vulnerabilidad (parados de larga duración, jóvenes, etc), establecimiento de planes formativos en materia de igualdad, así como una política de contratación igualitaria, condiciones laborales justas, mejora de la organización en el trabajo y la existencia de un código de conducta basado en el respeto a los derechos humanos y la transparencia.