La portavoz de Universidad del Grupo Parlamentario Popular, María Saavedra, consiguió hoy el respaldo del pleno del Parlamento para pedir al Gobierno de Canarias que aumente las partidas destinadas a becas ligadas a residencia “con el objetivo de compensar las dificultades derivadas del encarecimiento de los precios de alojamiento de los estudiantes desplazados desde islas no capitalinas”.
Con la aprobación de una Proposición No de Ley, transada con otros grupos parlamentarios, los populares también instan al Ejecutivo autonómico a estudiar el incremento de la actual deducción en el IRPF por gastos de estudios superiores para hijos menores de 25 años, que está fijada actualmente entre 1.800 y 1.920 euros, para adaptarlo al incremento sufrido en estos últimos años en el precio de los alojamientos.
“Actualmente existen políticas que mitigan el sobreesfuerzo económico al que se enfrentan los estudiantes de las islas no capitalinas, como es la beca de 2.500 euros, destinada a los estudiantes que por sus estudios tengan que residir en un domicilio distinto de su vivienda habitual tanto fuera como dentro de la isla”, indicó la diputada popular, quién explicó que “pese a ello, en los dos últimos años hemos observado un aumento acumulado de más del 10% en los costos de alojamiento universitario en Canarias”.
María Saavedra aseguró que “estos incrementos derivan de la eliminación de la exención del pago del IGIG y del aumento del IPC y pueden suponer una subida media mensual de más 60 euros, lo que representa aproximadamente pagar 600 euros de más durante todo el curso”.
“Estaremos de acuerdo en que esta subida, en muchos casos, puede llegar a ser inasumible para muchas familias”, sentenció la diputada popular, quién espera que “la iniciativa aprobada beneficie a miles de estudiantes, sobre todo a los que provienen de las islas no capitalinas y a sus familias, que sin estas ayudas no podrían enviar a sus hijos a la universidad”.
Asimismo, la PNL transada aboga por promover líneas de financiación para la creación de nuevas residencias universitarias públicas que permita ampliar la oferta alojativa; por explorar programas de alojamiento alternativo entre personas mayores y/o con discapacidad y estudiantes universitarios; y por instar al Gobierno de España a mejorar la cuantía de sus becas en concepto de alojamiento.
Por último, María Saavedra asegura que “iniciativas como ésta pretenden dar soluciones inmediatas al encarecimiento de la vida, compensando así la actual problemática sobre los precios de alojamiento para estudiantes con dificultades socioeconómicas, garantizando que ningún estudiante se vea privado de la oportunidad de estudiar debido a limitaciones económicas”.