Triste ha sido escuchar que «además de esa ínfima aportación económica, la única opción que les queda a estas personas, que de manera voluntaria o no han dedicado su vida a cuidar a una persona dependiente, es acceder a una pensión no contributiva, pero la realidad sigue siendo «oscura» porque «en la Consejería está atascada una lista de espera de 5.200 personas que quieren acceder a esa prestación». Asimismo, «no se entiende que se acepte una condición suspensiva de dos años para reducir la prestación que con carácter retroactivo debería pagarse, ni que la prestación económica priorizada sea la más económica y claramente insuficiente», añadió González Alonso.
«Escuchar a la señora Felipe de forma tan clara, aporta luz y manifestamos que la decepción es plenamente compartida, porque es incomprensible que en una Canarias con más recursos que nunca, con más fondos europeos que nunca, con una previsión de que el Estado aporte 600 millones de euros, como el año pasado, la Dependencia sigue sin ser una prioridad», denunció. Y todo ello, con una consejera de Derechos Sociales que tiene más fuerza que ninguna de sus antecesoras para poder luchar por los objetivos de su departamento «en este gobierno del cuatripartito».
Jana González concluyó pidiendo «menos felicitaciones y más trabajo y gestión para hacer convertir esos fondos en prestaciones que sean de verdad un alivio, porque desde este grupo venimos advirtiendo que, bien al contrario las instrucciones dadas en la Dirección General de Dependencia mejoran los números sin mejorar la situación de las personas». Esta forma de actuar, que ACUFADE ha calificado como una nueva forma de esclavitud para las cuidadoras, vulnera sus derechos y el espíritu de la propia Ley.