En estos momentos Fuerteventura se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia reciente, la FALTA DE VIVIENDA (entendiendo la vivienda cómo uno de los pilares básicos de la sociedad, así como uno de los principales derechos reconocidos por nuestra Constitución, además de constituir una de las necesidades primarias y básicas del ser humano en el desarrollo de su actividad diaria y la base fundamental del espacio de desarrollo de la familia y de la propia intimidad personal) para atender la creciente demanda de la población residente sumado a la enorme dificultad para encontrar viviendas de alquiler de larga temporada en condiciones asequibles para la ciudadanía en general está generando una situación que actualmente resulta insostenible, que abarca toda la geografía insular y se trata de un problema que se agrava día a día.
Esta preocupante situación se encuentra motivada por la confluencia de diferentes factores de diversa índole:
1.- El fracaso en las políticas públicas de vivienda de las últimas décadas.
2.- La falta de seguridad jurídica que afecta a los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas frente a posibles episodios de impagos y/o vandalismos, unido a la falta de celeridad y eficacia de la administración de justicia para resolver dichos problemas. Esto produce un retracto importante de los propietarios a la hora de decidir poner sus inmuebles en el mercado de alquiler de larga temporada.
3.- El auge creciente, ocasionado por su alta rentabilidad económica en relación con el alquiler de larga temporada, así como el descontrol, la desordenación y la falta de regulación del alquiler vacacional.
4.- La falta de nueva vivienda en todas sus clases, sus opciones y sus variables motivada por la falta de acceso al crédito por parte del promotor, que se viene arrastrando en Fuerteventura desde la gran crisis de la “burbuja inmobiliaria” en el año 2.008, con la paralización y el desmantelamiento del motor económico insular de la construcción durante décadas y hasta nuestros días. Unido a lo anterior el enorme encarecimiento de los materiales de construcción y la falta de mano de obra cualificada y especializada agrava aún más si cabe la situación de cara al desarrollo de nuevas promociones.
5.- La falta de capacidad de gesƟón adecuada del suelo urbano y la falta de celeridad de las oficinas técnicas municipales a la hora de dar respuestas a las exigencias de la ciudadanía en materia de gestión urbanística del suelo y de la propia edificación, cómo son las segregaciones, las licencias de obras, las licencias de primera ocupación, etc., suponen un importante obstáculo que entorpece un procedimiento ya demasiado complicado por sí mismo.
6.- La falta de capacidad y la falta de recursos por parte de las propias oficinas técnicas municipales a la hora del adecuado desarrollo de la Planificación General, Parcial o Sectorial necesaria para adaptar las diferentes situaciones sobrevenidas a las necesidades socialmente requeridas en materia de desarrollo de viviendas y urbanizaciones, en un ejemplo prudencial o simplemente asumible.
Tengamos muy en consideración la obsolescencia generalizada de la actual planificación municipal de la isla y los grandes obstáculos que esto supone en la actualidad para el desarrollo de las diferentes propuestas habitacionales.
7.- La falta de un inventario actualizado de las diferentes necesidades habitacionales reales a nivel municipal y por sectores o barrios, que defina adecuadamente los diferentes grados de urgencia y los niveles de necesidad de la población, en todas los diferentes o posibles de viviendas, públicas, semipúblicas o privadas. Y la elaboración de una relación municipal detallada de los diferentes inmuebles disponibles (obsoletos, infrautilizados, desocupados, terminados o a medio construir) y de los diferentes solares o incluso edificaciones existentes susceptibles de ser aprovechados en el proceso de creación de nuevas viviendas. Todo ello con el objeto de posibilitar la evaluación y el alcance de la situación y la necesidad de los recursos a emplear.
8.- La falta de una coordinación administrativa municipal a nivel insular que permita una mayor canalización y la efectiva rentabilización de los diferentes recursos disponibles y la unificación de los criterios en pro de una mayor eficacia y celeridad en el desarrollo de las respuestas de intervención y que además coordine la intervención y/o colaboración con los diferentes agentes externos (Cámaras de Comercio, Asociaciones de empresarios, Colegios Profesionales, etc.). Tengamos en consideración que un aumento exponencial del parque insular de viviendas también requiere de grandes inversiones en servicios complementarios e infraestructuras básicas a nivel de obras de urbanización complementaria, las cuales tendrán que desarrollarse de forma simultánea con la propia edificación en muchos de los casos.
TODO lo anteriormente expuesto, sin que por parte de las diferentes administraciones públicas a nivel estatal, regional, insular y local durante décadas se hayan planteado medidas o intervenciones correctoras de tipo alguno y en ninguno de los diferentes aspectos planteados, ha contribuido a consolidar un panorama ciertamente desolador que supone actualmente una
situación muy preocupante e insostenible, muy difícil de solucionar, que requiere el máximo empeño, determinación y esfuerzo por parte de la diferentes administraciones implicadas y la
adopción de medidas claramente excepcionales.
Conviene señalar que la SOLUCION posible ante la compleja cuestión planteada tenga que ser abordada necesariamente desde una multitud de perspectivas, de aspectos y de intervenciones:
PROPUESTAS
1.- La creación y puesta en funcionamiento de una oficina insular de la vivienda, dónde estén representados el gobierno regional, en concreto los departamentos relacionados con la promoción pública de viviendas, esto es VISOCAN y el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) , el propio gobierno insular, además de todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla y representantes de la sociedad civil (Cámara de Comercio de Fuerteventura, Colegios Profesionales, Asociaciones empresariales vinculadas al sector de la construcción y representante de la presente iniciativa). Cuya función sería la coordinación de las diferentes intervenciones en lo referente a la promoción de vivienda pública y semipública.
2.- La creación y puesta en marcha de un consorcio insular de seguros que permita dar cobertura económica y garantía jurídica a los propietarios de los diferentes inmuebles censados en la isla, a la hora de alquilar sus viviendas frente a posibles episodios de impagos y/o vandalismos.
3.- El desarrollo y aprobación de Planes Especiales Municipales de ordenación de usos para la zonificación de las áreas de suelo urbano susceptibles de implantación del uso del alquiler vacacional. De igual forma se plantea el desarrollo y aprobación de un Plan Territorial Sectorial de ordenación de usos para la zonificación de las áreas de suelo rústico susceptibles de implantación del uso del alquiler vacacional y sus diferentes condiciones de desarrollo a nivel territorial.
4.- La creación y puesta en funcionamiento de diferentes ciclos formativos profesionales relacionados con la actividad, la mano de obra, los materiales y las nuevas tecnologías de la construcción. Así como la creación y apertura de una línea de crédito de apoyo a los diferentes promotores cuyo destino sea la creación de vivienda regulada, tasada o concertada en alquiler de larga duración.
5.- La creación y puesta en funcionamiento de una oficina técnica insular que garantice la adecuada celeridad y unanimidad de criterios a la hora de dar respuestas a las diferentes iniciativas en materia de gestión urbanística del suelo y de la propia edificación.
6.- La creación y puesta en funcionamiento de una oficina insular de planificación que garantice la adecuada celeridad, eficacia y capacidad para el desarrollo de la Planificación General, Parcial o Sectorial necesaria para adaptar las diferentes situaciones sobrevenidas a las necesidades socialmente requeridas en materia de desarrollo de viviendas y urbanizaciones.
7.- La creación de un inventario actualizado de las diferentes necesidades habitacionales reales a nivel municipal, por sectores o barrios, que defina adecuadamente los diferentes grados de urgencia y los niveles de necesidad de la población, en todas los diferentes tipos posibles de viviendas, públicas, semipúblicas o privadas.
8.- La elaboración de una relación municipal detallada de los diferentes inmuebles disponibles y de los diferentes solares o incluso edificaciones existentes susceptibles de ser aprovechados en el proceso de creación de nuevas viviendas.
En Puerto del Rosario, a 25 de Septiembre de 2.023.
Fdo. “S.O.S. FUERTEVENTURA SOSTENIBLE”