Hernández explica que «La situación actual en materia de vivienda en La Palma es crítica, con más de 500 personas demandantes de vivienda protegida, denuncias por parte de las personas afectadas del volcán por precios especulativos en alquileres, viviendas y terrenos, incrementos en el precio de compraventa en los últimos cinco años de un 40 % y siendo además Canarias la quinta comunidad autónoma con el metro cuadrado de alquiler más caro del estado».
Asimismo, Hernández indica que «si a esto le sumamos que, a día 14 de mayo, hay 6.382 camas ofertadas en la modalidad de vivienda vacacional en la isla, y que la nueva ley propone como cupo límite para estas un 20 % en las islas verdes, esta cifra podría multiplicarse por cinco, como mínimo» y añade que «estamos hablando de porcentajes sobre ‘reserva de edificabilidad’, no sobre edificaciones ya existentes, una cuestión que solo generará más especulación y dificultades para encontrar vivienda a un precio asequible, tanto para compra como para alquiler» un anteproyecto que la portavoz insular califica de «suicida».
«Resulta indignante que con las graves consecuencias que puede tener la futura ley de vivienda vacacional, lo único que le preocupe al Cabildo de La Palma sean los propietarios y los turistas», comenta la portavoz, y destaca que «Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo, asegura que las alegaciones buscan que la normativa se ajuste a la realidad de nuestra isla para el necesario desarrollo turístico, pero se ve que su realidad debe estar muy alejada de la que vive la mayoría de la población, que no puede plantearse poner su vivienda en alquiler vacacional porque no dispone de ninguna».
Alegaciones presentadas por parte de Drago Canarias
Drago Canarias presentó alegaciones al anteproyecto de ley de vivienda vacacional recientemente, al entender que se trata de una apuesta legislativa que busca continuar con el modelo desarrollista actual.
«El periodo de alegaciones era el momento de dar un paso al frente para defender el derecho a una vivienda digna en La Palma y en el resto del archipiélago, y así lo hemos hecho desde Drago Canarias, apostando por una moratoria en la concesión de licencias hasta que entre en vigor la ley, o por que los titulares de las viviendas deban tener su residencia o actividad económica en el municipio, entre otras medidas», concluye Hernández.