La doctoranda Milagros Petit Sánchez ha obtenido el grado de Doctora por la ULPGC al defender su tesis titulada ““Instituciones jurídicas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad en el Derecho Civil español actual. Perspectivas de futuro”. El trabajo ha sido tutorizado por la profesora titular de Derecho Civil de la ULPGC, Dra.Carolina Mesa Marrero, dentro del «Programa de Doctorado en Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional.»
Este trabajo de investigación aborda el estudio y el análisis de los mecanismos jurídicos de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español, partiendo del punto de inflexión marcado por la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobado en 2006. La finalidad de este texto internacional es considerar a las personas con discapacidad como sujetos titulares plenos de derechos y garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad, para lo cual insta a los Estados firmantes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
La lectura de esta Tesis ha coincidido en el tiempo con la necesaria reforma para la adaptación definitiva del ordenamiento jurídico español a esta nueva concepción de la discapacidad, ya que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 20 de mayo el Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
El Tribunal de Tesis ha estado conformado por María Paz García Rubio, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela (Presidenta), que además es miembro de la Comisión General de Codificación, órgano asesor del Ministerio de Justicia que elaboró el texto del proyecto de ley; Antonia Nieto Alonso, Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela; y Concepción Rodríguez Marín, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Granada.
Mediante esta reforma se pretende adaptar el sistema jurídico español a la citada Convención Internacional, eliminando definitivamente conceptos como incapacitación, patria potestad prorrogada y rehabilitada, o la institución de la tutela para las personas mayores de edad. La nueva normativa concede absoluta preferencia a las medidas de apoyo voluntario −los poderes o mandatos preventivos o la autocuratela− frente a las que puedan establecerse judicialmente −la curatela o el defensor judicial−, siendo la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona que precisa de apoyos uno de los ejes principales en la determinación de tales medidas. También se refuerza y transforma la guarda de hecho como medida informal de apoyo, ya que no precisa de nombramiento judicial formal.
El planteamiento de la tesis doctoral pretende encontrar una solución integradora y equilibrada entre el respeto a la voluntad y preferencias de la persona y aquellas cuestiones que han de ser tenidas en cuenta por su beneficio o mejor interés en la determinación de las medidas de apoyo, no siendo necesariamente incompatible la protección jurídica de la persona necesitada de apoyo con el respeto a su dignidad, al libre desarrollo de su personalidad y a su libertad de elección.