Las universidades públicas canarias, como el resto de centros de educación superior españoles, indican que esta nueva obligación supone un gran problema para las instituciones educativas, ya que deben gestionar un elevado número de prácticas para garantizar la formación del estudiantado.
En la misiva remitida al ministro se señala que, pese a que el real decreto establece que la obligación de la cotización recae en la empresa o institución receptora de los estudiantes, las universidades se están viendo abocadas a asumir la cotización de prácticas no remuneradas, con el fin de garantizar que los y las estudiantes universitarios puedan graduarse.
Esta situación se debe a que las entidades públicas, donde se realiza el 60% de las prácticas, están solicitando la firma de adendas que incluyan una cláusula especificando que la universidad es responsable de la gestión y el gasto correspondiente. Además, los centros educativos superiores temen que las empresas privadas se sumen a esta solicitud.
Los vicerrectorados concernidos consideran igualmente necesario dotar de los recursos necesarios para gestionar las altas, bajas y control de días de prácticas, así como la asignación de un presupuesto económico para los próximos cursos académicos para este fin, que no han estado disponibles en 2023.
Por otro lado, les preocupa que desde la publicación de este Real Decreto-ley no han recibido ninguna comunicación ni instrucciones claras desde el ministerio en relación con el procedimiento que deben seguir. Por todo ello, solicitan con urgencia que se arbitren los instrumentos jurídicos necesarios para demorar un año la entrada en vigor de dicha norma. Además, en dicho período, deberían también adoptarse las medidas oportunas para garantizar que la bonificación alcance al 100% de la cuota de forma permanente o en su caso este coste sea asumido por parte de las entidades.