El Juzgado de Instrucción número 4 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha abierto diligencias previas para investigar al titular del Registro de la Propiedad de Pájara, Jorge Severo Alonso López, por varios presuntos delitos, entre otros uno contra los derechos de los trabajadores, por tener empleadas a dos personas de manera presuntamente ilegal que, además, accedían a información reservada de los usuarios (revelación de secretos) mediante la utilización de identidades suplantadas (suplantación de identidad y usurpación de funciones públicas). Así se describe en la denuncia que ha interpuesto un empleado del Registro de la Propiedad de Pájara tras la incorporación a la plantilla de ese órgano público del Estado de dos personas, una a mediados de diciembre de 2022 y la otra en enero de 2023, sin reunir los requisitos legales pertinentes por tratarse de turistas.
La primera de esas incorporaciones, a mediados de diciembre de 2022, es la de una mujer, Lucía Melody O., “al parecer de nacionalidad argentina, la cual comienza a realizar funciones administrativas, en la recepción del Registro dando entrada a documentos, comprobándose con su actividad diaria que (…) no tenía conocimientos de dicha labor, y que tampoco realizaba controles de entrada y salida al centro de trabajo”, se lee en la denuncia, a la que ha podido acceder este medio. Ante la posibilidad de que no tuviera contrato de trabajo, ni por lo tanto alta en la Seguridad Social y carente de permiso de residencia, varios trabajadores se dirigieron al registrador de la Propiedad, quien “reconoció que, en efecto, era así”, que esa persona “no estaba asegurada y que se encontraba en situación ilegal”, por lo que se comprometió a hacerle un contrato al día siguiente pero no fue así.
Para colmo, el 4 de enero de 2023 comienza a prestar servicio en el mismo Registro de la Propiedad de Pájara “el llamado Sergio Luis O., según parece padre de la anteriormente mencionada Luciana Melody, en calidad de jefe de Personal, para el despacho de documentos, comprobándose nuevamente que (…) desconoce la dinámica de dicha oficina pública. Y al igual que su hija, se encontraba en la misma situación ilegal (…), o sea, sin permiso de trabajo y residencia, sin darse de alta en la Seguridad Social, sin contrato laboral escrito y presumiblemente percibiendo los ingresos salariales en efectivo, sin retenciones fiscales, etcétera”, según relata la denuncia.
Siempre según la versión del denunciante, padre e hija han estado viviendo en un local propiedad del registrador de la Propiedad de Pájara, contiguo a las oficinas que ocupa ese órgano público y que se utiliza como fichero, es decir, donde se custodian todos los documentos físicos.
Durante el tiempo en el que estos dos trabajadores estuvieron en el Registro de la Propiedad de Pájara, los demás empleados dicen haber podido comprobar que “accedían a la base de datos en la que consta toda la información confidencial” y que para hacerlo utilizaban identidades y claves ajenas, “entre otras, (las) de la esposa del registrador, que se encuentra viviendo de modo prolongado en Madrid”.
Ante las quejas de los demás empleados del registro, el titular de ese organismo reaccionó cambiando el horario de trabajo de las dos personas presuntamente irregulares, poniéndolas a trabajar “fuera del horario habitual”, que es de nueve a cinco, es decir, después de que el organismo cerrara sus puertas al público para impedir que hubiera contacto los usuarios, “con la clara y aviesa intención de que pasasen desapercibidos a los demás”.
El juez titular de Instrucción 4 de Fuerteventura ha encontrado motivos suficientes para abrir diligencias previas y ha llamado a declarar al denunciante y al registrador de la Propiedad de Pájara el próximo viernes, día 8 de septiembre.