El nuevo decreto ley para la para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha sido ratificado por la Comisión de Cabildos celebrada este jueves en el Parlamento de Canarias.
Asamblea Majorera – Coalición Canaria Fuerteventura valora la aprobación de esta nueva normativa que permitirá “la reducción de las listas de espera y una menor burocracia en la tramitación del grado de dependencia”. Asimismo, la formación política reconoce el esfuerzo realizado tanto por el Gobierno de Canarias como por los Cabildos insulares para la consecución de este documento.
“Este nuevo decreto viene a dar respuesta a una demanda histórica, tanto del tercer sector como de los profesionales del área, así como de los propios usuarios y sus familias”, aseguró el representante insular en la Comisión, Adargoma Hernández.
Hasta ahora, la normativa adolece de limitaciones como las demoras excesivas, la rigidez en la tramitación, así como una insuficiencia de coordinación interadministrativa y dentro de las distintas Consejerías del Gobierno de Canarias, dificultando el acceso a las prestaciones y generando inseguridad a las personas solicitantes.
Menos burocracia, mayor rapidez en la tramitación: las claves de la nueva normativa
Durante la cesión, se explicaron las actualizaciones y principales novedades de la nueva ley. Entre las principales, destacan dos objetivos: garantizar rapidez y agilidad en la tramitación de los expedientes e incorporar criterios objetivos que permitan reconocer grado de discapacidad sin las valoraciones presenciales innecesarias.
Para ello, este decreto incluye un anexo con un listado de patologías que permitirán determinar de forma automática un grado de discapacidad del 33, 65 o 75%. De esta forma, cuando una persona presente alguna de estas patologías y lo acredite documentalmente, automáticamente se emitirá la resolución correspondiente por informe, sin la necesidad de pasar por una valoración presencial como hasta ahora. Con esta nueva metodología se reducirán considerablemente las listas de espera y facilitará que muchas personas puedan acceder antes a las prestaciones de servicio que dependen de este reconocimiento.
Otra medida relevante es la ampliación de la prioridad en la tramitación. Actualmente, la horquilla se mantenía entre los 0 y los 6 años, pero con el nuevo decreto la edad se incrementa hasta los 18 años, incorporando tanto criterios médicos como condicionantes sociales graves que puedan estar afectando a la persona. Este hecho contribuye a que aquellas personas menores que afronten situaciones complejas puedan obtener el grado de discapacidad con mayor rapidez, facilitando el acceso a becas, apoyo educativo, adaptaciones, así como a otros recursos que favorezcan su inclusión.
Además, esta normativa incluye un innovador procedimiento especial para que, una vez emitida la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad, se generará de oficio la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, evitando trámites a las personas que tienen derecho al mismo.
Por otro lado, el decreto también favorece la coordinación administrativa, estableciendo nuevos mecanismos de coordinación con la dirección general de servicios sociales para la asignación de la pensión no contributiva, con el Servicio Canario de Salud para que habilite profesionales que emitan informes y con la Consejería de Educación para garantizar que estos informes lleguen.
Los Cabildos insulares jugarán un papel fundamental para el buen funcionamiento del decreto, con la detección y derivación temprana de aquellos posibles casos de personas que necesiten el reconocimiento del grado de discapacidad, así como también para la colaboración, recogida y verificación documental y para el acceso a las prestaciones.
En este sentido, Adargoma Hernández celebró que el nuevo decreto venga a resolver la dificultad que supone para las islas no capitalinas la realización de las valoraciones, ya que “muchas veces dependen de que vengan profesionales de otras islas para poder ejecutarlas”. “Este nuevo decreto permitirá que los profesionales no tengan que efectuar esas visitas presenciales, sino que con estos informes de salud pública puedan iniciar el procedimiento”, subrayó. Por último, Hernández insistió en la necesidad de dar a conocer esta norma y formar a nuestros profesionales en su aplicación.
