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Calero propone a la radio televisión pública que realice una campaña de choque contra la mutilación genital femenina

Alrededor de 760 niñas y adolescentes están en riesgo de ser mutiladas cada año en las Islas, por lo que «resulta necesario darle visibilidad en un formato que permita explicar en qué consiste, cómo actuar y cómo denunciar cuando se tenga conocimiento de un caso o se sufra».

Es muy importante dejar claro «que esto no es cultura, es violencia», insistió la diputada.

Esta iniciativa se une a la Proposición No de Ley que los diputados de Fuerteventura defendieron en el Parlamento por la que se mandataba al Gobierno a la elaboración de protocolos de aspecto social y sanitario, y también se le instaba a realizar una campaña de visibilización y atención a la Mutilación Genital Femenina, y considerarla como otra forma de Violencia contra la Mujer

Desde entonces, «no se ha hecho nada, y creemos que tenemos que luchar con todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para abordar un grave problema social e intentar erradicarlo de nuestras islas». La mutilación genital femenina se define como todos los procedimientos que conllevan la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos, u otras lesiones a los órganos genitales con fines no médicos. Con ello se pretende controlar la sexualidad de la mujer y reforzar los estereotipos que privan a las niñas y a las jóvenes de su derecho a tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo. El resultado de estas prácticas puede ser la muerte, a causa del sangrado, de un shock (provocado por el dolor y el trauma), o de una infección. Además del trauma psicológico, luego sufren mil complicaciones como problemas urinarios, menstruales, infertilidad, complicaciones en el parto, o dolores durante las relaciones sexuales. Se suele practicar en niñas de 4 a 12 años de edad, aunque en ocasiones se hace incluso apenas unos días después del nacimiento, o más tarde, justo antes del matrimonio.

Cualquier forma de mutilación genital femenina constituye una violación grave de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y para eso existen infinidad de tratados y leyes, «que no logran erradicar su práctica».

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