Dentro de las Diligencias Previas 563/2024 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Puerto del Rosario, nuestros representantes legales han solicitado del Juzgado que se certifique por parte del Secretario de la Corporación todos los contratos adjudicados a la empresa Codeplag Canarias S.L., no sólo aquéllos en los que interviniera Doña Maria de la Peña Armas, sino otros políticos, tanto anteriores a 2.020 como posteriores a 2.023 hasta la actualidad, en el que se sigue contratando de igual forma.
Hemos solicitado también que se certifique cuántos contratos, menores o no, por qué importe, y con la firma de qué políticos para su adjudicación y pago, con la empresa Producciones Majoreras S.L., titular de Radio Insular, emisora PSOE friendly a la que se han pagado más de 500.000€ según informaciones del Ayuntamiento.
Por último, conociendo la pretensión de la alcaldía de personarse como acusación particular en las diligencias previas con cargo al presupuesto municipal, hemos manifestado nuestra oposición a que se admita la misma, máxime cuando el alcalde sigue como investigado en las diligencias Previas 426/2024 del Juzgado número 8 de Puerto del Rosario, por adjudicar contratos de forma verbal.
En el Ayuntamiento de Puerto del Rosario desde hace más de quince años hasta hoy, los contratos de obra menor, o por circunstancias de «urgencia» son la norma y no la excepción que es lo que se deduce de la Ley de Contratos del Sector Público. La actual mayoría lo ha llevado al extremo de no preocuparse ni de buscar varias ofertas y hacerse expediente, sino que como ocurre en las Diligencias Previas señaladas, lo hacen de forma verbal y luego, una vez hecha la obra y denegado el pago por el interventor, hacen dos expedientes, tal como consta en esas diligencias en las que el Ministerio Fiscal a través de Doña Mónica Barroso se ha opuesto al archivo del expediente.
Dos son las soluciones de la actual mayoría para solucionar su problema, para seguir con los contratos menores, una, hacerlos de forma verbal, y la otra, destituir al interventor D. Antonio Nuevo, que fue quien negó el pago al constructor por el que el actual alcalde está investigado en el Juzgado número Ocho de Puerto del Rosario.
Le preguntamos al alcalde y a su actual mayoría, ¿Cuándo se personen como acusadores particulares con fondos públicos, lo harán también en las Diligencias seguidas contra el alcalde y otro concejal en el juzgado número Ocho, y contra el anterior alcalde por los contratos adjudicados con reparos del cesado interventor municipal?
Y por último, ¿van a solicitar que se proceda a la entrada y registro en su casas y lugares de trabajo, o ello está previsto sólo para parte de los concejales que no son del PSOE?.
