El 30 de junio de 2024 fue registrado en el Parlamento de Canarias, para la toma en consideración de todos los grupos políticos, un documento de consenso en el que se relacionan las líneas clave para resolver los problemas a los que se sigue enfrentando el colectivo de familias NEAE en Canarias. La respuesta a esta iniciativa, impulsada desde Confapacanarias, a día de hoy, un año después, ha sido que la Consejería de Educación se sigue reuniendo con distintas organizaciones del tercer sector por separado para elaborar un decreto autonómico que modifique la orden anterior que desarrolla la ley.
En ese periplo de reuniones que han tenido los representantes de la Consejería, si bien es positivo que se reúnan con todo el mundo y se escuchen y atiendan todas las propuestas, también parece imprescindible atender y entender las necesidades urgentes del momento: mucho alumnado está sufriendo la falta de concreción, la falta de recursos y la falta de empatía por parte de la propia Consejería, además de sufrir un ejercicio de deficitaria transparencia sobre el contenido de estas en lo que respecta a la comunidad educativa.
En las intervenciones que han hecho los portavoces de la Consejería de Educación hasta la fecha, hay que resaltar que, en ninguna de ellas, se recogen los principios clave del derecho a una educación inclusiva en Canarias, evitando siempre hablar del derecho de los estudiantes NEAE, lo que sí hace la propia LOMLOE (en sus artículos y a la hora de hablar de una educación inclusiva, prima el bien superior del menor o la decisión de sus padres) o se define en el marco de los tratados de la ONU. Tampoco se ha valorado que en Canarias hoy en día haya denuncias admitidas a trámite por derechos fundamentales, faltando el respeto a las familias denunciantes con un marco regulador que las ampara.
En este punto, es preciso añadir el gráfico demoledor del informe *Estadística de las Enseñanzas no Universitarias, Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, curso 2023-2024*, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y sobre la educación inclusiva en el territorio español y la realidad en las Islas Canarias
Este malestar, perfectamente plasmado en el gráfico, ha creado la creación de nuevos procesos de familias que se organizan para conseguir que los derechos de sus hijos e hijas sean atendidos, valorados y cumplidos con iniciativas en el Parlamento de Canarias, reuniones y movimientos de protestas en las calles. Los motivos que llevan a las familias a tal grado de desesperación parten de la falta de respuesta política y del descontento social por vivir en el siglo XXI con un nivel de recursos de finales del siglo XX y una mentalidad generalizada de la población y de la clase política de mitad del XX. Esto nos lleva a hacer una valoración general del curso 2024-25, que es la siguiente.
-Se anunció desde el curso pasado nuevas unidades de aula enclave (AE, en adelante), pero es imposible hacer un seguimiento de su continuidad, ya que el listado que ofrece la Consejería de Educación dentro del marco de la transparencia no se actualiza desde hace años. No se puede hacer un seguimiento, por tanto, de las AE con concreción curricular de Infantil, de Primaria o de tránsito a la vida adulta (TVA, esto es Secundaria). Es una queja constante de las familias el miedo o la inseguridad que generan que existan AE de Infantil y Primaria y no unidades separadas, alumnos de 3 años con alumnos de 13. No se puede valorar tampoco si está siendo una modalidad eficaz, ya que tampoco se puede hacer un seguimiento de las AE de Secundaria y saber si la mayoría de los estudiantes de AE son derivados a Centros de Educación Especial (CEE).
-Por otro lado, se sigue valorando el contrato con Aeromédica, con el que, a día de hoy, no se ha procedido a su renovación porque aún no se ha desarrollado la nueva norma que lo regularía. Sobre todo, cuando reiteramos una vez más que la asistencia que presta esa empresa de debería prestar por personal contratado directamente por la consejería no por una empresa de servicios.
-Otra demanda de las familias es el poco valor que se da al personal que trabaja con las NEAE, ya sea por una empresa externa o pública. Sus labores en el trabajo no están definidas de cara a las familias y no se saben sus competencias, creando confusión y malestar al saber que, sin más opciones, la educación de sus hijos e hijas queda en parte privatizada. Otro miedo general es la falta de comunicación entre los centros o el tutor o tutora con las familias, en aquellas situaciones que requieran una comunicación diaria. No puedes avisar al tutor o tutora de que tu hijo que no ha dormido en toda la noche porque el correo tarda una semana en estar habilitado y dos en arreglarse los problemas de acceso. Se necesitan medios de comunicación más rápidos, ágiles y directos, sin poner en riesgo la privacidad del docente que acaba, por desespero, dando su teléfono personal.
-La ratio de las aulas, en general, es otro motivo que ha sido objeto de polémica. Todos los años se dictan las instrucciones de escolarización, pero en zonas tensionadas se masifican las aulas impunemente, sobrecargando el personal docente. Tampoco se tienen en cuenta el alumnado NEAE en las aulas ordinarias con adaptación curricular, dejando claro que la masificación perjudica, sobre todo al alumnado con más dificultad.
-El curso ha estado marcado por la falta de recursos a nivel general, si bien no se ponen de acuerdo entre si sobre hay más recursos o más cantidad de estudiantes, o simplemente no los han organizado bien. Esto se ha visto en las demandas de las enfermeras escolares, habiendo centros con alumnado con soporte vital básico, botón gástrico, medicación de rescate, etcétera, que han carecido de esa figura durante la mayor parte del curso.
-Otras demandas han sido la de auxiliares educativos, encontrando por parte de las familias y docentes la excusa de “aguantar un poco, que, cuando salga el contrato de Aeromédica, llegarán los recursos”, sin despeinarse. A principios de curso, también se dotó a los equipos directivos con un documento específico para la solicitud de recursos que educación considera extraordinarios, siendo una queja general que no fueron admitidos los recursos, con la excusa anterior. En las reuniones para el nuevo marco regulador de las NEAE en Canarias, también son reacios a precisar los recursos dando a entender que estarán condicionados a la persona que valore las capacidades de los estudiantes a los fondos disponibles, no a un derecho regulado.
-También este año han quedado patentes los problemas existentes con los protocolos de convivencia, que no se ajustan a la normativa de accesibilidad. No se está garantizando que un estudiante con discapacidad esté entendiendo, obligando a las familias a firmar su entendimiento. Estos protocolos están colgados en las webs de los centros, no pudiendo garantizar que los alumnos sean capaces de acceder a ellos, ni sus familias al existir una brecha digital. Protocolos que no están escritos en una lengua simple, con pictogramas, o en páginas web de los centros que no cuentan con la accesibilidad.
-Este apartado nos lleva al intento de aprobación de una ley de autoridad docente, donde, por un lado, es algo que ya está regulado con anterioridad y, por otro, como se indica con anterioridad, no garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Este asunto ya ha sido ampliamente criticado por varios colectivos, sin tener respuesta alguna por parte de la propia Consejería, y recurrido por Confapacanarias mediante la instancia al Parlamento de Canarias el pasado 16 de junio de 2025
-La Formación Profesional (FP) no escapa a las preocupaciones de las familias. Llevamos dos años obteniendo la respuesta de Educación de que están organizando la FP, no llegando a consolidar la oferta educativa por una falta de transparencia o posibilidad de finalización de esta sin que los cambios sean acudir a un centro educativo a muchos kilómetros de su casa. Por desgracia, hoy nuestro alumnado no puede elegir lo que le resulta vocacional al estudio. Son los empresarios con fondos de la Unión Europea los que están poniendo la oferta formativa y, por lo tanto, imponiendo el modelo productivo usando como herramienta la educación. Otra dificultad añadida es la lejanía que tienen los estudiantes de sus lugares de residencias, siendo esto mucho más cruel con las islas no capitalinas. Lo mismo sucede con la FP Adaptada y la FP Básica: están creando las mismas modificaciones, según ellos, en función de las plazas. Las familias reciben llamadas para informarles de que el ciclo donde tienen que formalizar la matrícula para su hijo o hija no se va a impartir, dejando al alumnado sin respuesta formativa planificada. Esto afecta sobremanera a las NEAE, condenados a una situación de falta o inexistencia de itinerario formativo por no existir oferta formativa adaptada. Es normal que las familias tengan miedo a solicitar plazas con tanto cambio en tan poco tiempo. Desde que entras en el carril de una AE, el destino parece que es, como mucho, un certificado de profesionalidad o un centro ocupacional, algo inadmisible.
-Hay que destacar que, durante el comienzo del curso escolar, se presentó en prensa y en todas las islas el Plan de Infraestructuras de Canarias, pero no tenemos una certeza de la etapa en la que estas se encuentran. Se ha anunciado la apertura de varios centros durante este curso, pero existen quejas de que no todas han podido realizarse sin explicación alguna de la propia Consejería; por no hablar de varios centros que se han visto en la obligación de acudir a la prensa por lo negligente de sus infraestructuras.
-En este apartado, hay que añadir que ya en 2018 se presentó un Plan de Infraestructuras de Canarias, con fecha de finalización en 2025, pero justo en el 2024 se nos informa de otro nuevo plan, criticando el anterior sin haber terminado el plazo y que incluso cuenta con un plan de infraestructuras de choque para algunas islas.
-Las familias entendemos que planes se hacen muchos, pero obras, muy pocas. Porque nuestros hijos e hijas, con o sin diagnóstico NEAE, siguen en instalaciones deficientes, las que no cuentan con espacios dignos, planes de evacuación adaptados, espacios propios o espacios en obras, instalaciones deficientes, sombras, piscinas cerradas y zonas hasta sin iluminación.
-Por último, hay que transmitir a los responsables del Gobierno que las líneas de comunicación para participar e intervenir en la mejora de la calidad educativa y formativa de nuestros hijos e hijas siempre está abierta con ánimo constructivo, colocando a las familias en el centro de todas las acciones e iniciativas que se deben llevar a cabo. Desde las federaciones de AMPA, como representantes de estas, trabajamos día a día con todos nuestros recursos e ilusión para llegar a ese fin: el de lograr una educación de calidad, inclusiva y pública en Canarias.
