Un comunicado firmado por Yaiza Sotorrio ha revelado públicamente una serie de denuncias sobre presuntos abusos sexuales cometidos por un monitor del campus deportivo “Vitolo”, celebrado en agosto de 2024 en el campo de fútbol de Los Pozos, en la capital majorera.

El documento relata que varias menores denunciaron al monitor por un conjunto de conductas de índole sexual, entre las que se incluyen lenguaje inapropiado, tocamientos no consentidos, envío de imágenes de contenido sexual y propuestas de encuentros inadecuadas.

El caso fue judicializado a través de las Diligencias Previas 000329/2024 en el Juzgado de Instrucción número 8 de Puerto del Rosario. El 16 de diciembre de 2024, el juzgado emitió un auto de sobreseimiento provisional, en el que reconocía que los hechos eran “cuestionables y moralmente reprobables”, y que existió una clara transgresión del vínculo de confianza entre un educador deportivo y los menores a su cargo. Actualmente, la causa sigue activa tras la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Sotorrio denuncia además la pasividad institucional frente a estos hechos. Según su comunicado, solo la Delegación del Gobierno en Canarias habría ofrecido una respuesta formal, remitiendo el caso a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Otras entidades notificadas, como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, el Cabildo de Fuerteventura o la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, no han dado respuesta oficial hasta la fecha.

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, por su parte, alegó no tener competencias para intervenir debido a que el campus no se encontraba bajo su tutela federativa.

En total, la denunciante asegura haber trasladado la información al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Cabildo de Fuerteventura, Defensor del Pueblo, Diputado del Común, Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, Campus “Vitolo”, Fundación ANAR, Centro de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia Sexual.

Entre las medidas exigidas, Sotorrio solicita la activación inmediata del protocolo de protección infantil recogido en la LOPIVI, la suspensión cautelar del monitor denunciado, la apertura de expedientes por omisión institucional, la identificación de los Delegados de Protección y la supervisión urgente del caso por parte del Gobierno de Canarias.

El comunicado se acoge al derecho a la libertad de expresión y participación ciudadana, invocando la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), con el fin de activar los mecanismos previstos para garantizar la seguridad de los menores y prevenir futuras vulneraciones.

Sotorrio subraya que su objetivo no es dañar la imagen de personas o instituciones, sino impulsar una respuesta contundente frente a situaciones que no deben silenciarse ni minimizarse. “Es vital garantizar espacios seguros para niños, niñas y adolescentes en cualquier entorno, y más aún cuando se trata de actividades subvencionadas y en espacios públicos”, afirma.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una coordinación efectiva entre entidades públicas y privadas para la aplicación rigurosa de protocolos de protección a la infancia.