A la escasez de vivienda que sufre la Isla y el Archipiélago se le suma la inexistencia de políticas públicas efectivas por parte de las administraciones competentes para buscar soluciones a corto plazo.

Drago Gran Canaria plantea medidas como la habilitación de vivienda vacía por parte de las instituciones, la paralización de las campañas para atraer nuevos residentes o gravar con impuestos la especulación financiera e inmobiliaria, entre otras ideas.

Luis de la Barrera, portavoz de Drago Gran Canaria: “la población grancanaria no puede alquilar o comprar una vivienda a precios razonables porque cada vez más se dedica al alquiler temporal, a la vivienda vacacional, a la residencia de nómadas digitales…”.

Drago Gran Canaria denuncia la grave situación habitacional que están sufriendo numerosas personas y familias del sureste grancanario ante la falta de políticas públicas efectivas por parte de las diferentes administraciones que tienen competencia en materia de vivienda: Gobierno estatal, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y los municipios de Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.

Sobre esta cuestión se pronunció el portavoz de Drago Gran Canaria, Luis de la Barrera, quien considera “especialmente preocupante” el desahucio inminente de una familia de ocho personas en Ingenio, de las cuales seis son menores que tienen edades comprendidas entre los 3 y 14 años, por el fondo buitre Promontoria Yellowstone, con sede social en Irlanda. “Según declaraciones recogidas en prensa, la única solución ofrecida por el Ayuntamiento fue el pago de dos meses de alquiler”, lamentó De la Barrera.

“En la actualidad no se aplican medidas efectivas contra la falta de vivienda”, prosiguió el portavoz de Drago Gran Canaria, a lo que añadió que “las administraciones públicas de Gran Canaria parecen más preocupadas por continuar atrayendo turistas, nómadas digitales y nuevos residentes que por la escasez de vivienda a la que se enfrenta la población de la Isla”.
Según uno de los portales inmobiliarios más conocidos, en la Villa de Ingenio se alquilan en la actualidad tan solo nueve viviendas, todas ellas a partir de los 680 euros. Según datos del INE, existen 2.296 viviendas vacías en el municipio, lo que alcanza el 16,5 % del parque inmobiliario. Además, según el registro extrahotelero del Gobierno de Canarias, en Ingenio hay 818 plazas de vivienda vacacional.

Por otro lado, De la Barrera también destacó como “igualmente preocupante” la noticia de la detención de un hombre en Vecindario, Santa Lucía de Tirajana, por presuntamente haber cometido delitos repetidos de agresiones sexuales, contra la intimidad, amenazas y acoso contra su inquilina, con la que convivía en un piso de su propiedad con un alquiler de 400 euros y sin ningún contrato formal de por medio.

Al igual que en el caso anterior, si acudimos al mismo portal inmobiliario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana se alquilan en la actualidad tan solo 18 viviendas, todas ellas a partir de 700 euros. Según datos del INE, existen 3440 viviendas vacías en el municipio, lo que alcanza el 11,3 % del parque inmobiliario. Además, según el registro extrahotelero del Gobierno de Canarias, en Santa Lucía de Tirajana hay 2403 plazas de vivienda vacacional.

Para De la Barrera, “ambas situaciones demuestran el colapso social al que se está enfrentando la población grancanaria, que no puede alquilar o comprar una vivienda a precios razonables porque cada vez más se dedica al alquiler temporal, a la vivienda vacacional, a la residencia de nómadas digitales o jubilados europeos, a la adquisición por extranjeros europeos con alto poder adquisitivo, al turismo residencial o a la especulación de la banca, inmobiliarias, multinacionales y fondos buitres”.

Por ello, desde Drago Gran Canaria se exige tanto a los municipios de Ingenio y Santa Lucía de Tirajana como al Cabildo de Gran Canaria la aprobación de medidas urgentes, eficaces y estructurales en materia de vivienda, como adquirir las que se encuentran vacías, paralizar las campañas promocionales para atraer nuevos residentes, declarar zonas tensionadas, conceder alquileres sociales, gravar con impuestos la especulación financiera e inmobiliaria, regular la vivienda vacacional o desclasificar suelo turístico.