La asociación patrimonial El Efequén ha anunciado que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía de Medio Ambiente por las actuaciones llevadas a cabo por el Cabildo de Fuerteventura en el Barranco de La Herradura, en el municipio de Puerto del Rosario. Según denuncian, las obras realizadas por maquinaria pesada del Cabildo han causado graves daños al entorno natural, a yacimientos arqueológicos y a especies protegidas.

«Una vez más, lamentamos un nuevo atentado contra el patrimonio natural e histórico de Fuerteventura. Lo más grave es que ha sido la propia institución insular quien ha actuado sin criterio de protección ambiental ni patrimonial», señalan desde El Efequén.

Entre los daños identificados, la asociación destaca la afectación a yacimientos arqueológicos registrados en la carta arqueológica de la isla, incluyendo un conchero y diverso material de superficie. Además, se ha dañado una población de romero marino canario, especie protegida y en declive en Fuerteventura. También fue arrasada la vegetación autóctona del barranco, destruido el cañaveral y, con ello, el hábitat de numerosas especies faunísticas, entre ellas aves con medidas de protección como el guirre, halcones tagorotes, corujas majoreras, entre otras.

El Efequén señala que la actuación contraviene normas legales de protección del patrimonio y del medio ambiente. Apuntan dos infracciones graves: por un lado, la intervención afectó a elementos recogidos en el Catálogo de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario (fichas 016, 017 y AIF-06); por otro, se realizó durante el periodo de veda de acceso al barranco (15 de febrero al 31 de julio), establecido por el propio Cabildo por tratarse de una zona de nidificación de aves protegidas.

La organización solicitará a la Fiscalía que investigue las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Patrimonio del Cabildo, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y del Consejo Insular de Aguas, entidad que otorgó los permisos para las obras.

«Exigimos el cese inmediato del gerente del Consejo Insular de Aguas y del consejero de Medio Ambiente del Cabildo. Es inadmisible que quienes deben velar por la protección de nuestro territorio sean los responsables de su destrucción», sentencian.

Finalmente, El Efequén lanza una pregunta al aire: «¿Qué medidas tomaría el Cabildo si estas actuaciones hubiesen sido realizadas por ciudadanos particulares? ¿Será capaz de sancionarse a sí mismo? ¿Denunciará el Ayuntamiento al Cabildo por destruir este patrimonio protegido?»