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El Gobierno de Canarias reclama tener voz en las decisiones que afectan a la conectividad aérea del Archipiélago

Canarias exige participar en los órganos decisorios ante la aprobación de una subida de tasas aeroportuarias superior al 6%, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha mostrado su preocupación ante la subida de más del 6% en las tasas aeroportuarias, que ha aprobado el Consejo de Administración de Aena este martes. Una medida que ha sido conocida por la Comunidad Autónoma a través de los medios de comunicación y que “tendrá un gran impacto” sobre la conectividad aérea del Archipiélago.

En esta línea, María Fernández ha denunciado la falta de participación del Gobierno de Canarias en las decisiones que afectan directamente al territorio, recordando que el Estatuto de Autonomía ya contempla el desarrollo normativo necesario para que la Comunidad Autónoma tenga voz y voto en procedimientos que inciden en su conectividad.
“Un territorio ultraperiférico como el nuestro no puede enterarse por la prensa de decisiones que pueden poner en riesgo las rutas aéreas y la presencia de aerolíneas en nuestras islas. Estamos hablando de un elemento clave para la cohesión social, la actividad económica y el turismo en Canarias”, ha señalado Fernández.

Asimismo, ha recordado que el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias establece la necesidad de bonificar este tipo de tasas en territorios ultraperiféricos, precisamente para compensar su lejanía y dependencia del transporte aéreo. “No se puede tratar igual a quienes son distintos. Es imprescindible adaptar las herramientas normativas para proteger la conectividad de un territorio insular y alejado como Canarias”, han añadido.

La directora general ha insistido en la necesidad de ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones estratégicas que afectan a la movilidad y ha reclamado que cualquier modificación en las tasas aeroportuarias tenga en cuenta la singularidad de Canarias y se ajuste al marco jurídico que protege a las regiones ultraperiféricas.

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