El Parlamento de Canarias ha convalidado este martes el decreto ley que busca acelerar la tramitación de licencias urbanísticas y fomentar la construcción de viviendas en las islas, una medida impulsada por los departamentos de Política Territorial y Obras Públicas del Gobierno autonómico con el objetivo de mitigar la «emergencia habitacional declarada en el Archipiélago».

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha sido el encargado de defender el texto ante el Pleno de la Cámara, solicitando su tramitación como proyecto de ley para permitir la incorporación de aportaciones de los distintos grupos políticos y enriquecer el contenido final.

Miranda explicó que la norma ha sido elaborada con aportaciones de administraciones locales y agentes del sector para lograr un texto «lo más consensuado posible». El documento propone reducir la demora media en la concesión de licencias de construcción, debida en gran parte a la falta de recursos humanos y materiales en muchas oficinas técnicas municipales.

Una de las novedades clave es la incorporación de mecanismos de colaboración público-privada, permitiendo a los ayuntamientos que lo deseen apoyarse en informes técnicos de colegios profesionales u otras entidades acreditadas, para agilizar los procedimientos. «Esto no supone una privatización de las oficinas técnicas, sino una herramienta voluntaria que aporta certezas sobre los plazos de tramitación», aseguró el consejero.

Además, la iniciativa introduce la figura de la «vivienda asequible incentivada», dirigida a familias que no pueden acceder ni a la vivienda pública ni al mercado libre. También contempla la posibilidad de reutilizar suelos terciarios, industriales o comerciales para uso residencial, así como la ejecución anticipada de viviendas en suelos aún no urbanizados por completo.

Miranda destacó que su departamento trabaja en otras medidas complementarias, como la Oficina Virtual del Reto Demográfico, que ofrece apoyo a los 47 municipios de menos de 10.000 habitantes, y una línea de colaboración específica para los 26 municipios de menos de 5.000 habitantes, que podrán acceder a ayudas para implementar la norma.

«Todas estas acciones han sido consensuadas con los ayuntamientos y con la participación activa de la FECAM», concluyó el consejero Miranda, subrayando el carácter participativo y flexible del proyecto que ahora inicia su tramitación parlamentaria.