De todos es conocido el problema de la vivienda en Fuerteventura. La falta de planificación y gestión durante décadas ha provocado que la población crezca más rápido que las infraestructuras y servicios, lo que ha resultado en una escasez de viviendas, desabastecimiento de agua, carreteras obsoletas y deficiencias en la educación y la atención médica.
La ley por el derecho a la vivienda, con medidas como la regulación de la venta a fondos de inversión y el aumento de la cantidad de suelo urbanizable para uso residencial, incluye medidas más intervencionistas como la prórroga de contratos de alquiler, la protección contra los desahucios, la penalización a propietarios con viviendas vacías y la limitación de los precios del alquiler.
“No podemos negar que los precios del alquiler son excesivamente altos para muchos trabajadores, pero no es menos cierto que los propietarios necesitan protección jurídica y que sus derechos deben ser defendidos” manifestó Miriam de León. Muchos propietarios se ven afectados por la ocupación de sus viviendas o por inquilinos que dejan de pagar el alquiler, lo que les genera gastos adicionales y dificultades para recuperar sus propiedades, lo que genera que muchos prefieran no alquilar sus viviendas o dedicarlas al alquiler vacacional.