La *gestión de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado (Coalición Canaria)*, es, sin lugar a dudas, una de las principales responsables de este desastre institucional. Bajo su dirección, el sistema de dependencia ha sido sometido a una erosión progresiva, sustentada en la falta de planificación, la sobrecarga burocrática y la ausencia de voluntad política para atender dignamente a quienes más lo necesitan.
Canarias, a la cola del Estado en atención a la dependencia
Los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia reflejan una realidad desoladora: Canarias ha pasado de atender a 7.910 personas en 2022 a únicamente 4.328 en 2024, lo que representa una caída superior al 45 %. Este desplome no es anecdótico, sino la consecuencia directa de una gestión descoordinada y desprovista de sensibilidad social. Como resultado, *Canarias se sitúa como la segunda comunidad autónoma con peor valoración del Estado en materia de dependencia*, con una calificación de apenas *3,3 sobre 10*, solo por encima de la Región de Murcia.
*El archipiélago encabeza, además, el “limbo de la dependencia”*, un indicador que agrupa a aquellas personas que, pese a tener reconocido su derecho a recibir atención, siguen esperando sin recibir prestación alguna. En Canarias este porcentaje asciende al 28,9 %, triplicando con creces la media nacional del 8,9 %. Asimismo, más de 31.000 personas están atrapadas en listas de espera, lo que representa el 41,81 % de las solicitudes registradas. Esta situación es inaceptable, injusta y profundamente lesiva para miles de familias canarias.
Un nuevo decreto que ahonda la brecha de desigualdad
Lejos de revertir este escenario, el Gobierno de Canarias ha aprobado en abril de 2025 el *Decreto 46/2025*, una norma presentada con la promesa de agilizar los procedimientos, pero que en realidad ha supuesto una *carga administrativa aún mayor para las familias*, muchas de las cuales ya están exhaustas por las exigencias del cuidado diario. El decreto obliga a presentar documentación sanitaria, económica y social desde el primer momento y exige a las personas solicitantes que elijan el tipo de prestación tras la valoración de grado, sin contar con la orientación técnica necesaria. Lejos de simplificar, *este nuevo marco normativo burocratiza aún más un sistema ya colapsado* y deshumaniza la relación entre la administración y la ciudadanía.
Profesionales del Trabajo Social y técnicos del sistema han alertado del peligro de sustituir el acompañamiento profesional por una lógica puramente administrativa, insensible y ajena a la realidad de las personas en situación de dependencia.
Fuerteventura y Puerto del Rosario: el abandono institucional es palpable
En la isla de Fuerteventura, y particularmente en el municipio de Puerto del Rosario, *los efectos de esta gestión negligente son especialmente graves*. Más de 1.000 personas en situación de dependencia siguen esperando recursos fundamentales como centros de día, plazas residenciales, teleasistencia o ayuda a domicilio. Solo en Puerto del Rosario, más de 200 personas aguardan por un servicio que, por ley, les corresponde.
La escasez de personal técnico, la nula inversión en infraestructuras sociales y la transferencia de competencias a los ayuntamientos sin recursos ni apoyo adecuado *han desbordado por completo los servicios sociales municipales*, vulnerando el principio de equidad territorial y afectando de forma especialmente injusta a las islas no capitalinas y a municipios con menor capacidad administrativa.
El contraste con la gestión socialista: derechos, dignidad y eficacia
Ante este escenario de abandono, desde el PSOE de Puerto del Rosario reivindicamos la *etapa de progreso y compromiso social liderada por el Gobierno de Ángel Víctor Torres*, donde se logró reducir las listas de espera, aumentar significativamente los recursos y alcanzar una media de más de mil PIAs mensuales. Bajo ese liderazgo socialista, el sistema funcionaba con una estrategia basada en la eficiencia, la sensibilidad y el respeto a la dignidad de las personas.
La atención a la dependencia fue entendida como lo que es: *una inversión en justicia social, cohesión y humanidad*, no como una carga económica ni un trámite secundario.
Exigimos medidas estructurales urgentes
Desde el PSOE de Puerto del Rosario exigimos con contundencia la adopción de medidas inmediatas y estructurales para *frenar el desmantelamiento del sistema de dependencia* en Canarias:
· Derogación del Decreto 46/2025.
· Recuperación del ritmo de resolución de expedientes alcanzado en la anterior legislatura.
· Incorporación urgente de personal técnico especializado en todos los niveles, especialmente en islas como Fuerteventura.
· Creación de un fondo extraordinario para reforzar los servicios sociales municipales.
· Puesta en marcha de una comisión de seguimiento con participación institucional, técnica, social y familiar, que garantice la transparencia, el cumplimiento de plazos y la rendición de cuentas.
Es el momento de actuar con responsabilidad y humanidad
La dependencia no puede seguir tratándose como una cuestión menor. Estamos hablando de miles de personas cuya calidad de vida, salud y dignidad están siendo ignoradas. Lo que está en juego no son cifras, sino *vidas humanas, derechos fundamentales y la credibilidad de las instituciones públicas*.
Desde el PSOE de Puerto del Rosario hacemos un llamamiento a la responsabilidad política del Gobierno autonómico y reiteramos nuestro compromiso firme e irrenunciable con una gestión pública basada en la equidad, la sensibilidad social y el respeto a las personas.
