Gabriel Mato aseguró durante la presentación que “el proceso electoral ha sido sólido desde el punto de vista técnico y se desarrolló de forma ordenada, de acuerdo con los principios democráticos y la normativa electoral nacional”. “Podemos asegurar que no existen indicios objetivos de que haya existido fraude”, añadió.
No obstante, Mato reconoció que el proceso no estuvo exento de retos. “Observamos ciertos desequilibrios que deben ser abordados para garantizar una competencia más justa entre candidaturas”, dijo. También advirtió de que, pese a la eficacia de la autoridad electoral, su credibilidad se vio afectada por el clima de polarización y algunas acusaciones de parcialidad.
Entre los desafíos que persisten, el informe subraya aspectos clave como la financiación de las campañas, el uso de recursos públicos, la desinformación y la protección de los derechos políticos.
Mato celebró los avances legislativos recientes, muchos de ellos en consonancia con observaciones preliminares de la misión. “Es muy satisfactorio ver como algunas de nuestras sugerencias ya han sido recogidas en reformas, como la reducción de ciertas sanciones desproporcionadas, la obligación de solicitar licencias a los candidatos cuando corresponde, o la exigencia de presentar informes financieros quincenales”, destacó.
Del total de recomendaciones formuladas, cinco han sido señaladas como prioritarias por su impacto transversal en el proceso electoral. La primera de ellas se refiere al marco legal y las garantías democráticas: se plantea la necesidad de revisar las sanciones más severas por infracciones electorales para asegurar su proporcionalidad, así como repensar la tipificación de la violencia política de género, de modo que su aplicación no limite injustificadamente la libertad de expresión ni el derecho de las mujeres a participar en política.
La segunda recomendación prioritaria apunta a la estructura institucional, ya que sugiere una reforma del sistema de selección y nombramiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con el objetivo de garantizar una renovación efectiva y fortalecer la independencia de ambos órganos.
En tercer lugar, la MOE UE propone revisar el marco regulador de la campaña electoral.
Para limitar las ventajas que puedan derivarse del ejercicio del poder, se sugiere que durante el periodo electoral las funciones del Ejecutivo se restrinjan a la gestión de asuntos ordinarios o situaciones de emergencia, y que la Asamblea Nacional entre en receso.
La cuarta recomendación se refiere al uso de la publicidad gubernamental. El informe destaca la importancia de reforzar los controles sobre la comunicación institucional durante la campaña, exigiendo la autorización previa del CNE para su difusión, etiquetando claramente este tipo de contenidos y aplicando sanciones efectivas en caso de incumplimiento.
Por último, se hace hincapié en la necesidad de mejorar los mecanismos de supervisión y transparencia, especialmente en lo que respecta a la rendición de cuentas de los partidos y candidatos, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral.
Las recomendaciones han sido puestas a disposición de las autoridades ecuatorianas, del nuevo parlamento, del gobierno y de la ciudadanía, como contribución al fortalecimiento de la democracia en el país.