La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha iniciado el proceso de exposición pública del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, una norma pionera que regulará de forma integral el transporte y la movilidad en el Archipiélago y que se distingue por haber nacido de un ejercicio de participación ciudadana sin precedentes.

La futura ley establecerá un marco común a nivel autonómico, insular y municipal, planificando y regulando todas las medidas en materia de movilidad, desde los desplazamientos terrestres, marítimos y aéreos, hasta su interconexión y las infraestructuras que los sustentan. Los objetivos son garantizar el derecho a una movilidad sostenible y accesible, reducir emisiones, mejorar la salud de la población y reforzar el transporte público y los modos activos como caminar o la bicicleta.

El anteproyecto nace además en coherencia con la Declaración de Emergencia Climática en Canarias (2019), la Agenda 2030 de la ONU, el Pacto Verde Europeo y la Ley Canaria de Cambio Climático (2022), recordando que el transporte es responsable del 41,9% de las emisiones de gases de efecto invernadero en las islas.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha destacado que “este anteproyecto es un hito porque, en lugar de esperar a tener un borrador, se inició un diálogo previo con la ciudadanía y los agentes sociales que han participado desde la fase cero, antes incluso de que existiera un borrador. Esto lo convierte en un proceso singular en Canarias, más inclusivo, transparente y participativo”.

En este sentido, ha recalcado que “Canarias es un territorio ultraperiférico y singular, y por eso esta ley recogerá la realidad de cada isla. Hemos recorrido todo el Archipiélago celebrando mesas técnicas y ciudadanas para que sea una norma democrática, útil y que ponga a Canarias a la vanguardia”.

La Dirección General de Transportes y Movilidad busca articular un sistema jerarquizado de ordenación de la movilidad y de las infraestructuras, plenamente integrado con el planeamiento urbanístico, territorial y ambiental de Canarias. Para ello, el texto contempla la fijación de parámetros estables de financiación, la definición de ratios de explotación del transporte público colectivo y la garantía de una cartera básica de servicios de transporte por carretera y guiados en todas las islas.

Además, prevé medidas como carriles exclusivos para guaguas, aparcamientos disuasorios, intercambiadores, impulso a la intermodalidad y bases fiscales que incentiven la transición hacia vehículos y sistemas sostenibles, junto con la regulación de concesiones de transporte.

La norma reconoce por primera vez el derecho a la movilidad sostenible como un derecho ciudadano, al tiempo que define obligaciones de las personas usuarias para garantizar un uso seguro y responsable de las infraestructuras. También contemplarla importancia del mantenimiento del Laboratorio de la Movilidad, creado en esta legislatura, y que funciona como un órgano encargado de impulsar proyectos piloto, soluciones innovadoras y nuevas tecnologías.

Asimismo, incorpora medidas de digitalización y datos abiertos, con bases de datos de servicios e infraestructuras de movilidad, para mejorar la gestión y la coordinación entre Administraciones.

Desde el punto de vista económico y social, la ley se concibe como una norma marco para modernizar la movilidad en Canarias. En este sentido, reducirá los costes asociados a la congestión y la contaminación, fomentará la competitividad y el turismo sostenible, y abrirá oportunidades para el empleo verde, la electrificación del transporte y la innovación tecnológica.
Un proceso participativo amplio
El proceso participativo que ha dado forma a esta norma ha sido amplio y diverso. Entre abril y junio de 2024 se celebró una consulta pública previa, que la ley prevé pero que al no ser preceptiva pocas veces se abre, en la que el 72% de los participantes avaló la tramitación de la ley, aportando propuestas sobre financiación, intermodalidad, energías limpias, turismo y transporte de mercancías.

Posteriormente, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, se realizaron 33 entrevistas en profundidad con representantes de sectores estratégicos, que incluyó aspectos relativos a movilidad activa, taxi, transporte público, empresarial, turístico, académico y medioambiental, entre otros, y se organizaron más de 10 talleres insulares e interadministrativos, en los que se debatió sobre accesibilidad universal, carriles bici, innovación digital, equidad social y nuevas formas de organización del transporte. Estas aportaciones se incorporaron directamente a la redacción del anteproyecto.

En este sentido, la directora María Fernández hace especial énfasis en que “esta ley tiene que ser útil para la gente, y asumible por las administraciones y sectores. No queremos una ley imposible de cumplir”.

Ahora se habilita el espacio en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias para que personas, colectivos y entidades presenten propuestas y sugerencias de mejora. Concluido este proceso, las aportaciones serán evaluadas y se presentará el documento final con las conclusiones y líneas de actuación de la futura ley.