La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CCa), Jana González Alonso, intervino en el Pleno del Parlamento de Canarias, para denunciar que se sigan incumpliendo con los derechos de las personas menores migrantes que llegan a Canarias, dejando al archipiélago abandonado ante la gestión de la emergencia migratoria.
Jana González reconoció que la situación ha mejorado con respecto a hace dos años. Sin embargo, lamentó que, a pesar de la entrada en vigor del Decreto Ley que modifica la Ley de Extranjería, de los dos Autos del Tribunal Supremo y de la Declaración de Contingencia Migratoria, menos de 100 menores migrantes no acompañados llegados a Canarias y solicitantes de protección internacional hayan sido redistribuidos entre el resto de las Comunidades Autónomas.
“Esta es toda la solidaridad obligatoria que son capaces de prestarnos a Canarias”, se cuestionó la diputada. Además, criticó la falta de diligencia y de respuesta por parte del Estado para “garantizar los derechos fundamentales a las personas menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema y que llegan al archipiélago”. “Una acogida que no solo debe ser digna, sino que les corresponde por derecho”, añadió.
A su vez, la diputada alertó que “se sigue incumpliendo con los derechos de las personas menores migrantes que llegan a Canarias”. Sobre este aspecto, Jana González incidió en el gran esfuerzo que ha tenido que realizar el Gobierno de Canarias en la tutela de estos menores.
En total, 5.500 menores se siguen encontrando bajo la responsabilidad del Gobierno autonómico, que ha habilitado más de 86 centros para acoger a estos niños y niñas, casi todos ellos saturados. En este sentido, la parlamentaria nacionalista denunció que no se están llevando a cabo las inspecciones necesarias de estos centros por parte del Ministerio Fiscal, para velar por la seguridad del menor y, sobre todo, para asegurar que no se produzcan situaciones de maltrato.
Jana González Alonso lamentó que se siga utilizando a las personas menores migrantes como un arma política, tanto a nivel estatal como autonómico, en vez de “velar por el interés y los derechos de esas personas menores de edad”.
