La diputada por Fuerteventura del Partido Popular, María Saavedra, destacó que “este decreto supone un paso adelante para dar una respuesta más justa, ágil y humana a las personas con discapacidad y a sus familias, eliminando trabas burocráticas que durante años han generado incertidumbre y desigualdad”.
La parlamentaria popular valoró especialmente la incorporación de medidas como el reconocimiento automático de determinados grados de discapacidad, evitando valoraciones innecesarias; la atención prioritaria a la infancia y adolescencia, garantizando apoyos tempranos; la inclusión de criterios sociales, además de médicos, atendiendo a la realidad de cada entorno familiar; la emisión de oficio de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida; y la coordinación interinstitucional, imprescindible con Sanidad, Educación, cabildos y colegios profesionales.
Desde la visión de Fuerteventura, Saavedra recalcó la importancia de que la aplicación de este decreto se traduzca en hechos: “Nuestra isla no puede seguir sufriendo retrasos estructurales. Las familias majoreras necesitan garantías de que la valoración de la discapacidad no será un camino lleno de esperas y desplazamientos interminables”.
Finalmente, la diputada recordó el compromiso del Partido Popular con las políticas sociales: “Gobernamos para mejorar la vida de las personas, y este decreto debe convertirse en una herramienta real para que nadie quede atrás.
Desde el Partido Popular de Fuerteventura vamos a seguir defendiendo que las políticas sociales lleguen con eficacia a nuestra isla. Este Decreto Ley supone un avance, pero estaremos vigilantes para que su aplicación no se quede en el papel y realmente se traduzca en mejoras en la vida de las familias majoreras”.
