El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha comparecido hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias para abordar las directrices del Plan de Vivienda de Canarias 2026-2029, aprobadas por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de julio, “un pan que dará prioridad a colectivos vulnerables, jóvenes y personas con discapacidad, promoviendo viviendas adaptadas, facilitando la emancipación juvenil y garantizando el acceso a soluciones habitacionales dignas para quienes más lo necesitan en todo el archipiélago”.

Durante su intervención, Rodríguez ha subrayado que el archipiélago atraviesa “un momento decisivo en materia de vivienda”, condicionado por un fuerte crecimiento demográfico en los últimos años, la aparición de nuevos modelos de hogar y la dificultad estructural para que el sector de la construcción recupere el ritmo necesario tras la crisis de 2008.

“El reto es claro, necesitamos un plan realista, consensuado y eficaz que garantice que todas las familias canarias puedan acceder a una vivienda digna. No podemos perder más tiempo, la ciudadanía nos exige respuestas inmediatas”, ha afirmado el consejero.

Avances y medidas ya en marcha

Rodríguez ha recordado que al llegar a la Consejería se encontró con un Plan de Vivienda 2020-2025 “sin grandes avances”, por lo que desde entonces se ha trabajado “a contrarreloj” para revertir la situación. En estos dos años, se han puesto en marcha más de 2.000 nuevas viviendas públicas, -a las que se sumarán otro montante igual en los próximos ejercicios-, además de aprobarse dos decretos-ley con medidas extraordinarias para impulsar la construcción, agilizar trámites y fomentar la vivienda asequible incentivada.

Asimismo, ha destacado el trabajo en red con cabildos, ayuntamientos, sector privado y tercer sector; la protección permanente del parque de vivienda pública; la elaboración de un nuevo sistema de adjudicación basado en criterios objetivos, que elevará del 5% al 20% las viviendas destinadas a jóvenes; y la tramitación del programa Mi primera vivienda o Hipoteca joven.

Directrices del Plan 2026-2029

El nuevo plan se apoyará en once ejes estratégicos, entre los que destacan: la prioridad a colectivos vulnerables, el impulso al alquiler asequible, la regeneración urbana y rural, la cesión de suelo municipal para vivienda protegida, la lucha contra el fraude y la ocupación ilegal en el parque público, la apuesta por la sostenibilidad y la industrialización de la construcción, y el refuerzo de la colaboración público-privada.

“Queremos que este plan sea una herramienta común, con el mayor respaldo parlamentario posible, que trascienda siglas y legislaturas. Porque la vivienda no es solo un problema de quienes acceden a la pública, es un problema que afecta a toda la sociedad canaria: a las clases medias, a los jóvenes que buscan emanciparse, a las personas mayores y a las familias monoparentales”, ha señalado Rodríguez.

El consejero ha concluido solicitando el compromiso de los grupos parlamentarios para que el Plan de Vivienda de Canarias 2026-2029 pueda aprobarse con urgencia y convertirse en una “palanca real de transformación social y económica para el archipiélago”.

La demanda de vivienda de las personas con discapacidad

Por otro lado, en respuesta a una pregunta parlamentaria, el consejero ha explicado que, del total de inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Canarias, cerca del 15% corresponde a personas con algún grado de discapacidad, de las cuales un 8,6% presenta una discapacidad de carácter grave.

Rodríguez ha destacado que, aunque “no se trata de grandes cifras, sí reflejan una demanda real que debemos atender con especial sensibilidad”. Para ello, ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha convocatorias específicas de ayudas para mejorar la accesibilidad en viviendas, dotadas con 5 millones de euros en colaboración con la FECAM, así como líneas de apoyo para adaptar viviendas con medidas como ampliación de espacios, instalación de señales acústicas o sistemas de domótica.

Asimismo, ha señalado que en todas las convocatorias de ayudas públicas se contempla puntuación adicional para unidades familiares con personas con discapacidad, y que el actual decreto de adjudicación de viviendas ya prevé un cupo específico para solicitantes con movilidad reducida, que se mantendrá, e incluso podrá reforzarse, en el nuevo decreto en tramitación.

“Hoy contamos con un marco que prioriza y protege a las personas con discapacidad, si bien, siempre hay margen de mejora. Mi compromiso es seguir revisando y reforzando estas medidas para ofrecer una cobertura más amplia y eficaz”, ha asegurado el consejero.