La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha intervenido este jueves en la Comisión General de Directores Generales convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la que se ha abordado, entre otros asuntos, el marco de subvenciones para la gratuidad del transporte público de viajeros, la aplicación del título único y las novedades normativas respecto a las autorizaciones VTC.
Durante su intervención, Fernández ha expresado la preocupación del Ejecutivo canario por la falta de seguridad jurídica en la aplicación de las ayudas estatales para garantizar la gratuidad de las guaguas y el tranvía, especialmente tras la reciente reconfiguración normativa recogida en el nuevo decreto. “No podemos vernos en la situación de tener que devolver 120 millones de euros por requisitos cuya interpretación sigue generando dudas”, ha afirmado.
En esta línea, la directora general ha resaltado “la complejidad normativa y la inseguridad jurídica derivadas de la nueva fórmula estatal para distribuir las ayudas a la gratuidad, que unifica criterios de comunidades con realidades muy distintas”.
“No podemos aceptar que las ayudas lleguen en diciembre, como ha ocurrido el año pasado, cuando las administraciones insulares han tenido que adelantar recursos durante todo el ejercicio para sostener la gratuidad del servicio”, ha detallado Fernández. En este sentido, la directora general ha trasladado ”la necesidad urgente de anticipar los pagos, garantizar la suficiencia de las partidas y clarificar los requisitos de acceso, como la exigencia de tener implantadas zonas de bajas emisiones, que podría afectar negativamente a los territorios en los que ese proceso se encuentra judicializado”.
Asimismo, Fernández ha recordado que el Gobierno de Canarias ya había planteado por escrito al Ministerio un informe detallado con los principales asuntos que preocupan, incluyendo la insuficiencia inicial de la partida presupuestaria, finalmente ampliada a 120 millones de euros con carácter plurianual; la incertidumbre sobre si esa cantidad cubrirá el gasto real del sistema, que se estima en torno a 140 millones en 2024; la necesidad de contar con mecanismos de anticipación de los fondos para que los cabildos no se vean obligados a esperar hasta finales de año para recibir la financiación correspondiente, y las dudas sobre los requisitos adicionales que podrían dejar fuera de la ayuda a algunos territorios por razones ajenas a su voluntad administrativa.
En este sentido, Fernández ha celebrado la respuesta del Ministerio, que “ha garantizado de forma verbal que el anticipo se transferirá de forma íntegra y en un plazo significativamente más temprano, con el objetivo de que se realice en septiembre, en lugar de finales de diciembre como ocurrió en 2024”. Además, ha explicado que el Gobierno del Estado ha asegurado que el régimen específico aplicable a Canarias no estará condicionado por los mismos requisitos que el del resto del Estado, lo que otorgará mayor margen y tranquilidad a las administraciones insulares a la hora de tramitar y justificar estas ayudas.
No obstante Fernández ha insistido en que “hasta que no tengamos el informe de la Abogacía del Estado por escrito, no podremos hablar de seguridad jurídica total” y ha reclamado celeridad para evitar incertidumbres de cara a la ejecución del presupuesto de 2025 y 2026. “Necesitamos certidumbre, claridad en la norma y garantías de que ningún cabildo tendrá que devolver los fondos por interpretaciones cambiantes”, ha remarcado.
Canarias propone ser territorio piloto para el título único nacional
La directora general de Transportes y Movilidad ha aprovechado su intervención para informar de que ya el ejecutivo está trabajando en el desarrollo del título único, una herramienta fundamental para mejorar la movilidad en las islas y ha mostrado la disposición de Canarias a convertirse en el primer territorio piloto del Estado en la implantación del título único nacional de transporte, una herramienta que permitiría a los usuarios canarios utilizar un solo bono en cualquier punto del territorio español.
María Fernández ha invitado formalmente a la Secretaría General de Movilidad a visitar Canarias para mantener un encuentro con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), entidad responsable del desarrollo del título único canario, con el objetivo de explorar la posibilidad de integración entre el título único estatal y canario, de cara a su puesta en marcha en 2026.
En cuanto a las novedades normativas respecto a las autorizaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), Fernández ha asegurado que Canarias se encuentra protegida frente a las recientes sentencias judiciales que han afectado a otras comunidades autónomas, gracias a la “regulación prudente, adaptada a normativa europea y sin excesos” del decreto ley aprobado el pasado año.
“Fuimos previsores y evitamos distorsiones jurídicas tratando de forma unificada al taxi y a las VTC. El tiempo nos ha dado la razón”, ha concluido la directora general.
