Hasta ahora, el Tribunal Supremo dictaminó que la suspensión del Parlamento el 9 de septiembre fue ilegal y nula. Los parlamentarios regresaron a Westminster el miércoles y anteriormente se aprobó una ley diseñada para detener un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre. Si no se consigue un acuerdo entre el Reino Unido y la UE antes del 19 de octubre, y los parlamentarios no votan a favor de irse sin acuerdo, entonces el primer ministro estará legalmente obligado a pedirle a la UE una extensión de la fecha de salida, según la Ley de Benn.
Sin embargo, es muy poco probable que se pueda llegar a un acuerdo en la próxima Cumbre de la UE los días 17 y 18 de octubre, y cualquier acuerdo requeriría, en cualquier caso, el improbable apoyo mayoritario de la Cámara de los Comunes.
El Primer Ministro ha dicho en repetidas ocasiones que cumplirá con la ley, pero también que no buscará una extensión. Por ello, se ha especulado que podría declarar una emergencia utilizando la Ley de Contingencias Civiles de 2004 o escribir una «segunda carta» a la UE revocando la primera, las cuales estarían abiertas a un desafío legal.
Por un lado, se espera que se produzcan elecciones anticipadas después del 31 de octubre. Esto se debe a que se necesitan al menos 25 días hábiles para que se realice una campaña electoral.
Por otro lado, Boris Johnson podría renunciar a su cargo o, tal vez lo más probable, pero no de inmediato, ser expulsado en una moción de censura, permitiendo que un primer ministro interino le pida a Bruselas la extensión y disuelva el Parlamento.
Sigue el canal de SurFM en WhatsApp, donde encontrarás todas las noticias de Fuerteventura