La diputada del Partido Popular de Canarias en el Congreso y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha expresado su rechazo frontal a la decisión del Gobierno de España de habilitar con carácter urgente 250 plazas para menores migrantes con derecho a asilo en el antiguo cuartel Canarias 50, ubicado en el barrio de La Isleta.
La medida, adoptada en cumplimiento de resoluciones del Tribunal Supremo, ha sido calificada por Delgado como «una nueva chapuza» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al considerar que se ejecuta «con precipitación, sin garantías reales de recursos ni de temporalidad». “El Gobierno vuelve a utilizar al Archipiélago como campo de contención migratorio, eludiendo su responsabilidad nacional en la gestión humanitaria y legal del asilo”, denunció.
Delgado también puso en duda que estas plazas vayan a ser realmente transitorias, como afirma el Ejecutivo central. “Es otra mentira más. Todos sabemos que lo que el Gobierno llama temporal acaba siendo permanente. No hay calendario, no hay presupuesto, ni plan de redistribución”, sentenció.
La diputada señaló que la reforma exprés del cuartel demuestra «la improvisación y la falta de planificación del Gobierno», que pretende «amontonar a 250 menores en un solo centro, sin atender a sus derechos ni a su integración». A su juicio, la solución sensata es derivarlos a otras comunidades autónomas donde puedan ser atendidos en centros más pequeños y adecuados.
Asimismo, denunció que la entidad designada para gestionar el centro «carece de habilitación del Gobierno de Canarias para trabajar con menores», lo que considera «otra muestra de improvisación y desprecio hacia las Islas».
“El Gobierno no ha hecho su tarea y ahora quiere poner un parche a la carrera”, insistió Delgado. Recalcó que Canarias ya acoge a más de 5.000 menores, y que «no se puede seguir saturando servicios públicos ni comprometiendo la correcta atención educativa, sanitaria y social de estos niños».
Finalmente, recordó que el Partido Popular lleva años reclamando la recuperación del espacio de Canarias 50 para uso ciudadano, especialmente en beneficio del barrio de La Isleta, una demanda respaldada por numerosos colectivos vecinales y sociales.
Desde el Partido Popular de Canarias se exige al Gobierno de España “que diga la verdad, que actúe con seriedad y que deje de utilizar a nuestras Islas como solución provisional de problemas estructurales”.