El diputado popular, Fernando Enseñat, celebra que el Gobierno de Canarias se haya comprometido con todos los grupos parlamentarios para plantear un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional tras la Resolución de caducidad sobre la Concesión Administrativa del Hotel Riu Oliva Beach y ordenar su derribo “en defensa de las competencias que tiene Canarias en su Estatuto de Autonomía y que el Decreto de Traspaso, que entraron en vigor el 1 de enero, no termina de aclarar quiénes son los competentes para resolver dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre”.
Enseñat lamentó que en plena campaña electoral se vendiera el decreto como todo un logro cuando el propio PSOE en el Gobierno de España “lo ha transformado en papel mojado, tras la reciente resolución que caduca la concesión administrativa dada al Hotel al amparo de la modificación de la Ley de Costas en 2013”.
El diputado del PP recordó que no fue hasta la entrada de este nuevo gobierno cuando, el pasado 1 de enero, el Gobierno de Canarias se personó en el expediente “lo que viene una vez más a poner de manifiesto la obediencia ciega de Ángel Víctor Torres al PSOE de Madrid sin defender los derechos de todos los canarios”.
Y es que, como cabe recordar, “no solo hablamos del Hotel Riu Oliva Beach y de sus 400 trabajadores a los que han engañado de forma reiterada, sino también de todos los expedientes que en estos momentos se están decidiendo en Madrid, con resultado de derribo y que le competen decidir a Canarias como, por ejemplo, Los Molinos”.
“Todo esto nos ha llevado a plantear esta PNL en la que solicitamos al Gobierno de Canarias, que en caso de que el Gobierno de España no quiera negociar, plantee este conflicto de competencias para dirimir esta invasión de nuestras competencias, que va más allá del propio Oliva Beach, afecta a toda Canarias”, sentenció.
El Hotel Riu Oliva Beach, establecimiento emblemático en Fuerteventura, se encuentra en medio de una disputa legal sobre la caducidad de su concesión administrativa. “La Reforma de la Ley de Costas de 2013 permitió una prórroga de 75 años para las concesiones existentes, incluyendo la del Hotel Oliva Beach, con la condición de realizar mejoras en el hotel y aumentar los puestos de trabajo” recordó.
Iniciativa del PP en el Senado
El PP ha aprobado en el Senado una proposición de Ley de Costas, planteada por Feijóo, cuyo objetivo es dar mayor seguridad jurídica a los miles de propietarios que, a raíz de los nuevos deslindes del dominio público marítimo terrestre promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica ven como pesan órdenes de demolición – o de confiscación vía concesión-, dictadas por el Ejecutivo de Sánchez sobre sus viviendas situadas en el litoral.
En concreto, los populares proponen añadir una disposición adicional referida a la protección de esos núcleos urbanos de especial valor etnológico, si cumplen tres requisitos: que posean valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados; que estén integrados en el entorno costero; que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo terrestre.
Igualmente, desde el PP añaden que para que prospere esa declaración de protección, se establecería un control en el que intervienen las tres administraciones públicas. Si bien en su momento se desarrollaría reglamentariamente, consistiría en: que los ayuntamientos delimiten los núcleos de que se trate; que las CC.AA. emitan un dictamen preceptivo informando sobre si los mismos poseen los valores antes citados, de forma que se identifiquen con la organización social tradicional del litoral; Y que, a la vista de la información recabada, el Ministerio determine si procede la catalogación como protegidos de dichos núcleos.
“Espero que Los Molinos puedan en un futuro acogerse a esta catalogación porque, tal y como han demostrado en reiteradas ocasiones muchos de sus vecinos, muchas viviendas de este núcleo tienen más de 100 años de historia”, argumentó Enseñat.