Las decisiones que se toman “a miles de kilómetros” por parte del Estado español “desconocen la trascendencia de los actos que se están llevando a cabo” manifestó la diputada respecto a la resolución de caducidad sobre la Concesión Administrativa del Hotel Riu Oilva Beach, cuyas consecuencias están causando angustia e incertidumbre en el personal laboral”.
La diputada majorera, criticó la forma en la que el Gobierno del Estado español anunció la caducidad del expediente, “sin audiencia y sin comunicación” a las administraciones implicadas “ni al Gobierno de Canarias, ni al Cabildo de Fuerteventura, ni al Ayuntamiento de La Oliva, donde también gobierna el Partidos Socialista”, detalló.
El 4 de marzo, el Consejo de Gobierno adoptó un acuerdo en el que se esclarecía que “Canarias es la competente para dilucidar sobre los expedientes del Oliva Beach y no reconoce la competencia de las resoluciones del Ministerio de Transición Ecológica y se declara que se trata de una injerencia de competencias y donde se acuerda el inicio de actuaciones jurídicas para requerir y plantear el conflicto de competencias positivas recogido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”.
Para la parlamentaria, dicho acuerdo obliga al Ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, a convocar la comisión bilateral Canarias-Estado. En este sentido, la diputada nacionalista criticó la lenta actuación del expresidente canario por no poner fecha a dicha Comisión “para ganar tiempo hasta que salieran los expedientes de caducidad”.
La diputada finalizó su discurso invitando a realizar una reflexión sobre el cambio de postura del expresidente socialista ante la situación del Oliva Beach, e hizo énfasis en que desde Coalición Canaria se mantienen “en el mismo sitio, del lado de los y las trabajadoras del Oliva Beach” y aclaró “sin perjuicio de las sanciones que pudieran dar a una empresa porque no cumple con la normativa medioambiental”.