En su intervención, la diputada reconoció el trabajo que se está llevando a cabo por parte de este área del Gobierno autónomo «para tener una planificación de la infraestructuras judiciales necesarias por islas».
En este sentido, la diputada hizo énfasis en la adopción de medidas necesarias a nivel insular de cada una, para no tener en Canarias «islas que van a distintas velocidades».
No obstante, la diputada incidió en una serie de reclamos comunes que existe en todo el archipiélago como la accesibilidad de todos los edificios judiciales de Canarias, que pueden suponer una discriminación para las personas con discapacidad o con movilidad y/o comunicación reducida, así como la revisión de las medidas de control, acceso y seguridad en las infraestructuras judiciales de Canarias.
Entre otras medidas esenciales, la diputada también señaló la importancia de la creación de servicios comunes de notificaciones y embargos, la dotación de equipos psicosociales en todos los partidos judiciales y la puesta en marcha de las oficinas de atención a las víctimas de violencia de género.
La diputada explicó que, actualmente, las infraestructuras judiciales en Canarias son deficitarias, por lo que se alquilan locales para parchear la situación, lo que provoca «la desconcentración de los órganos judiciales» y que conlleva “a una gestión que no es la deseada para una justicia eficiente y eficaz».