«No podemos limitar estas políticas a la labor del Instituto Canario de Igualdad, porque es una tarea que se debe asumir de manera transversal para conseguir los mejores resultados», recordó la diputada.
En este sentido, señaló que todavía está sin hacer, después de 4 años, el plan de Igualdad de la Administración de Justicia, no se ha puesto en marca la unidad canina para la protección de víctimas de violencia de género, ni tampoco la elaboración de un protocolo de protección a las mujeres que tienen riesgo de padecer mutilación digital femenina.
En este sentido, González Alonso lamentó que los estudios que se han querido hacer para avanzar en un modelo de actuación no se haya contado con la ONG DIMBE que vino al Parlamento a explicar esta realidad, y se haya preferido contratar a una entidad de fuera.
Desde el Grupo Nacionalista Canario seguimos insistiendo en que las víctimas de violencia de género que coincidan con su agresor en el puerto de trabajo, tengan verdadera protección.
Por otra parte, «recogimos en esta cámara las reivindicaciones del Colectivo Harimaguada y no hemos encontrado la colaboración y sensibilización para poner en marcha la Proposición No de Ley sobre los derechos sexuales y reproductivos aprobada la pasada Legislatura».
«En esto se evidencia precisamente la falta de implicación de todo el Gobierno por igual», insistió, recordando que esa unión debe trasladarse a los partidos políticos para reconocer a los Cabildos como administraciones competentes en violencia de Género.