Los concejales del Partido Popular en Puerto del Rosario muestran su «preocupación» por el silencio del grupo de gobierno ante la sentencia que anula el acuerdo plenario en el que se aprobaron los Estatutos ylas Bases de Actuación que rigen la Junta de Compensación del ámbito de actuación SUNCRE Ciudad de la Justicia así como el proyecto de compensación, explica Fernando Enseñat.
Disa había presentado alegaciones al acuerdo en el que se conformó la Junta de Compensación al considerar que la parcela situada en la Avenida Marítima y vinculada en el Plan General al desarrollo de la Ciudad de la Justicia que se situará en la trasera del cuartel, era un suelo urbano consolidado y no un suelo urbano no consolidado como establecía el Plan General. «Las alegaciones fueron desestimadas», asegura el Fernando Enseñat. «Y ahora el tribunal anula tanto el acuerdo como el proyecto de la junta de compensación por lo que estamos como al principio».
Una conclusión a la que el juez llega después de comprobar que todo el suelo del entorno de la parcela de la DISA en la avenida marítima, fue fijado como consolidado en el año 2002 a pesar de que no contaban con los servicios urbanos que sí tenía esta parcela en concreto. «En apenas tres folios, la jueza despacha la cuestión porque queda más que probado que el suelo es urbano consolidado y, por eso, condena en costas al ayuntamiento. Una vez más, los vecinos tendrán que hacer frente a los desastres de la administración».
El ámbito de actuación es de 30.000 m² en el Cuartel, propiedad del Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, por un lado, y de una parcela de unos 12.000m², que pasaba a la DISA para compensar con suelo edificable la parcela situada en la avenida marítima.
El Ayuntamiento por otra parte, obtenía la cesión de espacios libres y dotaciones, más el 10 por ciento de aprovechamiento, lograba la cesión del suelo al Gobierno de Canarias para alojar la Ciudad de la Justicia en la trasera del acuartelamiento militar y se avanzaba en la posibilidad de disponer del suelo de la Disa para uso público y continuar abriendo la ciudad al mar.«Todo eso queda ahora anulado», explica Enseñat “hay que empezar de cero pero ahora Disa tendría más derechos”.
Además, la sentencia se hace mención a que el Ayuntamiento reconoce que, en la parcela de la DISA situada en la avenida marítima, se prevé realizar un aparcamiento público y, después, otras cuestiones relacionadas con las iniciativas vecinales.
El Gobierno de Canarias había previsto iniciar las obras de la Ciudad de la Justicia en enero de 2020. «Se estancan así dos proyectos importantes para el desarrollo de Puerto del Rosario: la construcción de nuevos juzgados y la apertura al mar de la ciudad», lamenta Fernando Enseñat que recuerda que en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias se prevé una partida de 720.000 euros para el proyecto.