En Asamblea Extraordinaria de Trabajadores, celebrada el pasado día 30 de abril, el personal laboral del Ilmo. Ayuntamiento de La Oliva acordó manifestar a la opinión pública su malestar e indignación por la lamentable política en materia de Recursos Humanos llevada a cabo por TODOS los Grupos de Gobierno de los últimos veinte años.

Remontándonos en el tiempo, en el año 2003, la nueva corporación entrante se encuentra con una plantilla de personal funcionario muy escasa, limitada a agentes de policía local y unos pocos auxiliares y administrativos. En cuanto al personal laboral, dado el elevadísimo número de trabajadores con contrato de confianza, la plantilla laboral se quedó bajo mínimos. Lamentablemente, casi veinte años después la situación no ha mejorado en absoluto, repercutiendo todas estas deficiencias en los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Durante la dura crisis económica que padeció el país, y especialmente este Ayuntamiento, los trabajadores laborales de La Oliva fueron uno de los colectivos más afectados, pagando los platos rotos, padeciendo primero una reducción de horario y salario y, posteriormente en el año 2012, rematar al personal con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que dejó sin trabajo a 46 compañeros.

El último de estos despropósitos ha sido el rechazo del borrador del nuevo Convenio Laboral 2019-2022, después de más de medio año de negociación, debido  a la supresión de algunas mejoras sociales que fueron consensuadas con el Grupo de Gobierno y, posteriormente rechazadas, por carecer nuestros gobernantes del asesoramiento jurídico y económico adecuado en materia de recursos Humanos.

Los sucesivos Gobiernos Municipales desde entonces no han querido, o no han sabido, dar solución al profundo problema de Recursos Humanos que padece el Ayuntamiento de La Oliva. Ante la renovación de la Corporación, como consecuencia de las inmediatas Elecciones Locales, queremos llamar la atención de todas las organizaciones políticas para que de una vez por todas presten la debida atención a los más urgentes problemas que padece este ayuntamiento en materia laboral y que pasamos a especificar:

• Elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), documento esencial para reorganizar al personal, definir las necesidades laborales y las funciones de cada trabajador, acabando con la improvisación constante  y los cambios arbitrarios.
• Poner en marcha un Plan de Estabilización y Consolidación del personal que acabe con la situación irregular de más de 150 trabajadores fijos con contrato indefinido, incumpliendo con las leyes del Estado que fijan en un 8% el máximo de tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas.
• Funcionarización del personal, especialmente técnicos. Es inaudito que un municipio de más de 30.000 habitantes, turístico y con un territorio tan extenso, tenga en su plantilla de funcionarios CERO técnicos de carácter indispensable como arquitectos, aparejadores, juristas, economistas, ingenieros…Todo esto produce un enorme colapso en las gestiones mas habituales de los vecinos y vecinas.
• Aprobación de un nuevo Convenio que actualice las condiciones de los trabajadores, equiparándolas con las Administraciones Públicas de nuestro entorno, y con ello, evitar la sangría de técnicos y personal cualificado que a la mínima oportunidad se trasladan a otro ayuntamiento o al Cabildo Insular, dónde gozan de una situación laboral más estable a nivel organizativo y con significativas mejoras económicas. Este grave problema deja descubiertos, con relativa asiduidad, departamentos claves del Ayuntamiento, lo que conlleva un importante retraso en los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Otro importante factor negativo ha sido la inestabilidad política de los últimos años en La Oliva, con cambios frecuentes en la dirección política del Ayuntamiento, cuestión que nos ha obligado a reiniciar constantemente los avances en las negociaciones. Aún así, los trabajadores siempre hemos seguido manteniendo una actitud dialogante y constructiva, aunque los ánimos ya están bastante decaídos ante tanta dejadez e incompetencia.

Aunque desconocemos las cifras concretas, también debemos reseñar el sangrante coste económico que han supuesto (y siguen suponiendo) para las arcas municipales todos los procesos fallidos por la desacertada gestión en materia de personal. Nos referimos a las cuantiosas indemnizaciones por el ERE, el coste del encargo de los estudios previos, la contratación de varias empresas para la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo que no existe, etc.

Deseamos que, de una vez por todas, los futuros responsables municipales tomen conciencia de la envergadura de estos problemas que producen situaciones de tensión y agobio en el personal laboral del municipio ante la imposibilidad de poder prestar a los ciudadanos los servicios públicos de calidad que se merecen.