El grupo socialista en el Cabildo de Fuerteventura exige celeridad para aprobar la Ordenanza Insular sobre acampadas y campings y hacemos directamente responsable al presidente del Cabildo, Sergio Lloret, que con su inacción incumple el compromiso adoptado por parte de la Corporación Insular con los Ayuntamientos, la Asociación de campistas y los ciudadanos para regular esta actividad de una forma clara.
El PSC PSOE considera inadmisible la tardanza en aprobar esta norma que viene a fijar criterios de homogeneización del uso relativo a las acampadas y campings en el suelo rústico de Fuerteventura, una actividad que en nuestra Isla tiene especial relevancia por la demanda que existe y por ello instamos hoy en el Pleno de la Corporación a todos los grupos políticos, y especialmente a los que apoyan a éste presidente -CC y PP- para que asuman el compromiso institucional de una vez e impulsen de manera definitiva la aprobación.
Los Ayuntamientos de la Isla están a la espera de la regulación insular para proceder a aprobar sus respectivas normas municipales en coherencia con la instrucción insular; los propios campistas vienen solicitando desde hace años una regulación clara para poder desarrollar su actividad durante todo el año con normalidad en lugar de estar a expensas de ocurrencias y apaños que cada año cambian y que les deja expuestos a arbitrariedades, interpretaciones que les hacen sentir como delincuentes.
Al comienzo de esta legislatura, siendo Presidente de esta institución, Blas Acosta Cabrera, se iniciaron los trámites relativos a la elaboración de una Ordenanza Insular para la fijación de criterios de homogeneización del uso relativo a las acampadas y campings en Fuerteventura en suelo rústico”, anunciándose el día 13 de enero, y publicándose en el BOP el miércoles 20 de enero de 2021.
Este documento es el último que aparece publicado en la web del Cabildo, existiendo un vacío desde esa fecha hasta ahora. Se han hecho anuncios acompañados de foto en medios, se ha hablado mucho de cara a la galería pero no se ha hecho absolutamente nada.
La realidad es que los ayuntamientos y los ciudadanos interesados o afectados demandan más agilidad y celeridad para resolver esta situación de desamparo que perjudica a muchas familias, y que también afecta a la economía de esta Isla en un momento en el que la primera institución no puede ponerse de perfil.