El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CCa), ha planteado una comparecencia al consejero de Educación del Gobierno de Canarias, para conocer el nivel de desarrollo en el que se encuentra el Plan de Infraestructuras Educativas 2018-2025.
Dicho Plan, dijo, preveía la creación de más de 23.000 nuevas plazas educativas y contenía la ejecución de 180 obras nominadas que suponían una inversión superior a los 500 millones de euros en todas las islas. El plan cogía el testigo de documentos anteriores que nunca se llegaron a desarrollar por completo, como el Plan Sur o el Plan de Colaboración Público Privada, explicó el diputado nacionalista.
Martín Fumero, comentó en sesión plenaria, que en el año 2001, el Gobierno de Canarias planificó la evolución de las Infraestructuras Educativas que debían acometerse en el siguiente quinquenio, es decir, en el periodo 2002- 2006. Para ello se elaboró un Plan que concentraba la inversión en Lanzarote, Fuerteventura, el sur de Gran Canaria y Tenerife, y la zona del Valle de Aridane, en la isla de La Palma. Una distribución, que según apuntó el diputado nacionalista, “no distaba demasiado de las necesidades que se mantenían en 2018 cuando se elaboró el plan que hoy analizamos, bien porque los flujos poblacionales habían persistido hacia estos lugares, bien porque no llegaron a ejecutarse las obras previstas en el Plan Sur”.
En 2014, la consejería de Educación ideó una vía para lograr financiación externa, toda vez que el Estado decidió no reeditar la colaboración en materia de infraestructura educativa que prácticamente había sido ininterrumpida, desde que se produjo el traspaso de competencias en esta materia a la Comunidad Autónoma de Canarias. La consejería decidió abrir los centros públicos a la posibilidad de que los gestionase el capital privado. Sin embargo, esta fórmula no resultó atractiva para las empresas y no fue posible licitar ni uno solo de los 15 centros previstos. Por cierto, “esta idea no fue de ningún partido conservador o ultraconservador como pareciera, fue una propuesta del Partido Socialista”, añadió el diputado nacionalista.
Tras la ejecución incompleta del Plan Sur y el fracaso absoluto de la colaboración público-privada, la consejera de Educación y Universidades de aquel momento, Soledad Monzón, trajo al Parlamento el Plan de Infraestructuras Educativas 2018-2025, “que fue el resultado de múltiples visitas a cabildos, ayuntamientos y centros educativos para conocer las necesidades de escolarización de cada isla y cada municipi”o.
Este Plan daba respuesta a las necesidades de escolarización derivadas no solo del crecimiento poblacional de islas como Lanzarote o Fuerteventura, sino de la bajada de ratios, movimientos de población dentro de las islas capitalinas, sustitución de centros obsoletos, implantación de una red de centros Integrados de Formación profesional, creación de nuevas plazas en centros específicos de educación especial, mejora de residencias escolares, accesibilidad, zonas de sombra, retirada de estructuras de fibrocemento, etc.
Lo cierto es que en 2018 y 2019 ya se había comenzado la aplicación del plan y la ejecución de obras de ampliación y centros de nueva construcción recogidos en el documento, como el CIFP de Adeje, El IES Parque La Reina, en sustitución del IES Guaza, El CIFP Arucas, la ampliación del CIFP Villa de Agüimes, El CEIP El Cardón, El CIFP de Los Llanos de Aridane, La ampliación del CEO Nereida Díaz Abreu, El nuevo CEIP Villaverde, El CEIP La Destila, etc.
Según Jonathan Martín, “han pasado cinco años desde entonces y muchos de esos centros ya están hoy en funcionamiento, pero en otros, sorprendentemente, aún siguen en obras”, además, en la memoria de la consejería de Educación del pasado mandato, no consta que la Consejería haya licitado ni un solo centro de nueva creación en el pasado mandato, añadió.
“He dicho en anteriores intervenciones desde esta tribuna que la pasada legislatura ha sido una legislatura perdida en materia de infraestructuras educativas, de ahí la necesidad de conocer en qué estado de ejecución se encuentra el plan de infraestructuras educativas 2018-2025, tras 5 años de vigencia. No hay argumento ni circunstancia que justifique la dejadez y la falta de gestión escandalosa en el área de infraestructuras educativas en la pasada legislatura porque el comodín de la Covid 19 no vale para todo”, dijo Jonathan Martín.
El diputado nacionalista, instó al actual consejero a recuperar terreno perdido, conscientes de que la parálisis de los últimos 4 años va a ser imposible recuperarla en los dos próximos. Pero sí priorizando actuaciones y aprovechando los recursos a disposición del gobierno para dar respuesta a las necesidades planteadas en el plan.
Siguiendo con la financiación, “hay que reclamar la firma plurianual del plan de infraestructuras educativas, cuya aportación de 42 millones de euros se recuperó en 2018 en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado y que luego ha pasado al sueño de los justos”, añadió. Martín Fumero confía en que esa aportación de recursos propios, europeos y del Estado, permitirá a la consejería hacer frente a los retos que tiene pendientes este gobierno en materia de infraestructura educativa.
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